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El exmandatario del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, regresa a la escena y no precisamente por motivos beneficiosos. Fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por usurpación de funciones, acusado de continuar manejando fichas en el poder como si nada, incluso tras serle retirada la investidura por doble militancia.
La novela se inició cuando, después de perder oficialmente su posición, Martínez presentó renuncias, peticiones de explicación de errores y todo lo que pudo para mantenerse en la posición. Nada resultó efectivo. No obstante, el 30 de julio de 2025 ratificó el Decreto 293, designando a Ingrid Mirelda Padilla como gobernadora, hasta que se lleven a cabo elecciones atípicas. Un acto que, de acuerdo con la legislación, solo pertenece al presidente de la República.
El abogado denuncia, Marco José Yejas Campo, manifestó claramente: "Esa orden es ilícita, no poseía la autoridad para ejecutarla". Por otro lado, el Gobierno Nacional ya solicitó al Consejo de Estado un análisis sobre el polémico encargo, y el movimiento Fuerza Ciudadana no pasa por alto: envió un trío de tres mujeres vinculadas a la causa para que el presidente las tome en cuenta. La contienda por la autoridad en el Magdalena continúa en movimiento... y parece que el capítulo final está aún por redactarse.
En resumen, lo de Martínez es el viejo truco de “me voy… pero no me voy”. Perdió el cargo, pero dejó a su ficha en el sillón de la Gobernación, como si el departamento fuera una finca privada. Ahora, entre denuncias, consultas y ternas, el Magdalena queda en medio de un pulso político donde las leyes parecen ser solo un adorno y el verdadero juego es quién logra quedarse con la llave del despacho.
