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El organismo de control abrió una investigación disciplinaria por posibles fallas en un contrato superior a los $3.700 millones destinado a la adquisición de sistemas aéreos para la institución.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer si existieron presuntas irregularidades en la celebración y supervisión de un contrato por más de $3.700 millones destinado a la adquisición de drones para la Policía Nacional.
La actuación disciplinaria involucra al director general del Fondo Rotatorio de la Policía, el coronel (r) Didier Alberto Estrada Álvarez; a la coordinadora del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA), la capitán Alhejandra Sepúlveda Figueroa; al intendente Ismael de Aguas Boea y al mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quienes participaron en la verificación de la información y supervisión del contrato.
El Ministerio Público busca determinar si durante el proceso se presentaron deficiencias en la definición de los criterios para seleccionar al contratista y posibles fallas en la vigilancia y control de la ejecución contractual.
El contrato tenía como propósito la adquisición de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SIART), conocidos como drones, para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional. Sin embargo, el proceso terminó incumpliéndose, motivo por el cual la Procuraduría adelanta las investigaciones correspondientes para establecer posibles responsabilidades disciplinarias.
