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La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó retirar los esquemas de seguridad a varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro y a otras figuras cercanas al petrismo. La decisión hace parte de una revisión de las medidas de protección asignadas durante la administración anterior.
Entre los afectados se encuentran varios integrantes del denominado “Gabinete por la Vida”, iniciativa conformada por exministros que busca ejercer control político y seguimiento al nuevo Gobierno. En la lista aparecen Armando Benedetti, exministro del Interior; Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud; Yesenia Olaya, exministra de Ciencia; Antonio Sanguino, exministro de Trabajo; Germán Ávila, exministro de Hacienda, y Rosa Yolanda Villavicencio, excanciller.
La medida también alcanza a otros antiguos funcionarios y figuras vinculadas políticamente al anterior Gobierno, entre ellas Daniel Quintero, Carlos Carrillo y Jorge Lemus, quien fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La revisión de los esquemas se viene adelantando desde finales de agosto bajo la dirección de Didier Blanco en la UNP.
A esta lista se suman Beto Coral, Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, quienes ya habían perdido sus medidas de protección tras nuevas evaluaciones de riesgo. En esos casos, la UNP determinó que no existían elementos suficientes para justificar la continuidad de los dispositivos de seguridad.
Los afectados cuentan con un plazo de diez días para presentar recursos contra las decisiones. Los esquemas que tenían asignados incluían, según los casos, vehículos blindados, escoltas y otros elementos de protección.
La decisión se conoce en medio de una revisión más amplia de los mecanismos de protección de la UNP. Entre agosto de 2022 y junio de 2026, la entidad registró 313 incidentes de seguridad contra personas que contaban con medidas de protección, de los cuales 276 fueron reportados como atentados.
La discusión ahora queda centrada en los resultados de las nuevas evaluaciones de riesgo y en los recursos que puedan presentar los afectados, mientras la UNP continúa revisando los esquemas otorgados durante la anterior administración.
