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El paro armado, que se extendió durante 63 horas, dejó pérdidas estimadas en $150.000 millones y golpeó al comercio, el turismo, el transporte, los restaurantes y la hotelería. Abraham Katime planteó un plan de choque económico para proteger empresas y empleos.
La crisis de seguridad que atraviesa Santa Marta ya empieza a reflejarse con fuerza en la economía de la ciudad. El paro armado que se prolongó durante 63 horas habría dejado pérdidas estimadas en $150.000 millones, como consecuencia de la reducción de la actividad comercial, productiva, turística y de transporte.
El impacto económico no se limita a los establecimientos que debieron cerrar o reducir sus operaciones. Restaurantes, hoteles, comerciantes, transportadores, trabajadores independientes y otros sectores relacionados con la dinámica turística también resultaron afectados por las restricciones de movilidad y la disminución de la actividad durante las horas que duró la medida de presión armada.
A este panorama se suman las estimaciones de la Cámara de Comercio de Santa Marta, según las cuales las dificultades derivadas de la situación actual representan pérdidas cercanas a $39.590 millones diarios para las actividades comerciales, productivas y de transporte. La entidad también señala que Santa Marta concentra aproximadamente el 42,2 % de la economía del Magdalena y registra 22.435 empresas y establecimientos.
En medio de este escenario, Abraham Katime propuso un plan de choque económico dirigido a respaldar a los sectores afectados, proteger el empleo y contribuir a la recuperación de la actividad turística de la capital del Magdalena.
La propuesta contempla tres líneas de acción. La primera está relacionada con la implementación de alivios temporales en los costos de energía para los sectores económicos que estén enfrentando mayores afectaciones.
El segundo componente plantea medidas de alivio financiero para las empresas, mediante mecanismos de financiación que les permitan mantener sus operaciones durante el periodo de crisis y evitar una mayor pérdida de puestos de trabajo.
El tercer frente está relacionado con la recuperación de la confianza turística, a través de una estrategia de promoción de Santa Marta como destino nacional e internacional, una vez estén dadas las condiciones de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la actividad turística.
El impacto también alcanza a miles de trabajadores que dependen directamente del comercio, el transporte, los restaurantes y los hoteles. La situación resulta especialmente compleja para quienes desarrollan actividades informales y cuyo ingreso diario depende de poder salir a trabajar.
Katime sostuvo que la respuesta institucional frente a la coyuntura debe abordar no solamente el componente de seguridad, sino también las consecuencias económicas que puede generar una prolongada disminución de la actividad comercial y turística.
En ese sentido, el debate empieza a centrarse en la posibilidad de establecer beneficios tributarios, alivios financieros y otras medidas temporales que permitan a empresarios y trabajadores enfrentar el impacto de la crisis mientras se recuperan las condiciones de seguridad y movilidad.
Santa Marta, cuya economía tiene una alta dependencia del turismo y de las actividades comerciales y de servicios, enfrenta así un doble desafío: recuperar la seguridad y, al mismo tiempo, evitar que la parálisis de sectores productivos termine profundizando las pérdidas económicas y afectando el empleo.
Los $150.000 millones estimados durante las 63 horas del paro armado dimensionan el costo económico de una crisis que también tiene efectos sobre la imagen de Santa Marta como destino turístico y sobre la confianza necesaria para que empresarios, visitantes y consumidores mantengan sus actividades con normalidad.
La propuesta completa de Abraham Katime fue presentada en sus redes sociales y plantea abrir la discusión sobre las medidas económicas que podrían adoptarse para acompañar la recuperación de Santa Marta.
