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Las afirmaciones sobre el proyecto de las plantas desalinizadoras para Santa Marta fueron calificadas por el gerente de la Essmar David Millán como imprecisas por sus responsables, quienes defendieron la ubicación, el diseño y la planificación técnica de una iniciativa concebida para fortalecer el abastecimiento de agua potable de la ciudad.
Uno de los principales argumentos es que la ubicación de una infraestructura de producción de agua no determina directamente dónde será consumido el líquido. Una vez producido, el recurso es incorporado al sistema y distribuido mediante las redes de acueducto de acuerdo con las necesidades de continuidad y cobertura de la ciudad.
Según la explicación entregada, la escogencia del predio La Esperanza, en el sector de Pozos Colorados, responde a análisis técnicos desarrollados en el marco del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y a estudios previos de especialistas. Además, el predio es propiedad de la Nación, factor que habría sido determinante para estructurar el proyecto incluido en el CONPES 4159 de 2025y su respectivo aval fiscal.
Frente a la posibilidad de ubicar la infraestructura en el sector de Pescaíto, la explicación advierte sobre dos dificultades principales: una mayor longitud del inmisario submarino para captar el agua y una calidad del agua de entrada potencialmente más compleja, debido a la actividad portuaria y a la presencia de infraestructura relacionada con el manejo de aguas residuales en el norte de la ciudad. En contraste, la alternativa del sur tendría condiciones que permitirían reducir costos asociados a la captación y al tratamiento.
Otro punto señalado es el procedimiento adelantado durante el primer semestre de este año. De acuerdo con la explicación, el proyecto fue presentado ante el Ministerio de Vivienda para viabilizar una sola desalinizadora con una capacidad de 627 litros por segundo, mientras que el CONPES habría establecido dos infraestructuras. Esta diferencia obligaría a reformular el proyecto para ajustarlo a lo establecido en el documento de política pública.
Finalmente, se recordó que la infraestructura de agua está proyectada para atender la demanda integral de Santa Marta, con una estimación aproximada de 75 % para los estratos 1, 2 y 3 y 25 % para los estratos 4, 5 y 6, además de los sectores comercial, industrial y de servicios.
El mensaje de fondo es claro: la discusión sobre las desalinizadoras, según sus defensores, debe darse desde los criterios técnicos, ambientales, financieros y de cobertura, y no desde interpretaciones que fragmenten la necesidad de agua de Santa Marta por sectores o estratos.
