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El Consejo de Estado revocó la sentencia mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena había decretado la pérdida de investidura de Danilo José Beltrán Payares para el periodo 2024-2027, de acuerdo con la anotación registrada en el sistema SAMAI.
La decisión también menciona una declaración de cosa juzgada relacionada con un proceso de nulidad electoral. Sin embargo, la revocatoria de la pérdida de investidura no significa que Beltrán regrese a ocupar una curul en la Asamblea del Magdalena, debido a que su elección había sido anulada en un proceso diferente.
Por esta razón, Yulieth Pacheco, quien asumió la curul tras la salida de Beltrán, no sería desplazada por esta nueva decisión. Un abogado especialista consultado por Opinión Caribe explicó que ambos procesos tienen efectos jurídicos distintos: mientras la nulidad electoral afecta la elección, la pérdida de investidura implica una sanción de carácter personal.
El proceso por pérdida de investidura se originó en una presunta inhabilidad relacionada con la celebración de contratos con entidades públicas antes de las elecciones de 2023. Entre los antecedentes del caso se encontraba un contrato celebrado con el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA) de Santa Marta el 15 de febrero de ese año.
De acuerdo con el análisis jurídico citado por el medio, la discusión en la apelación estuvo relacionada con la responsabilidad personal necesaria para imponer la pérdida de investidura. La Ley 1881 de 2018 establece las reglas del proceso de pérdida de investidura y contempla el análisis de la conducta del demandado.
El especialista consultado aclaró que todavía no había tenido acceso al texto íntegro de la nueva sentencia, por lo que los fundamentos definitivos de la decisión del Consejo de Estado aún están pendientes de conocerse. Su explicación se basa en los argumentos planteados durante el proceso de apelación.
Uno de los principales efectos de la decisión es que Beltrán ya no tendría sobre sí la sanción de pérdida de investidura que podía impedirle de manera permanente aspirar nuevamente a cargos de elección popular. No obstante, la decisión tampoco constituye por sí misma una candidatura para las elecciones de 2027, pues cualquier eventual aspiración deberá cumplir los requisitos legales y electorales correspondientes.
