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En medio de una creciente controversia por la operación de servicios de cardiología en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche (HUJMB), la empresa Cardiovida Santa Marta S.A.S. emitió un duro comunicado en el que rechaza señalamientos de la gobernadora Margarita Guerra, el exgobernador Rafael Martínez y la gerente del centro asistencial, Nora Anillo, a quienes acusa de difundir información “falsa, tergiversada y malintencionada”.
La entidad privada defendió la legalidad y conveniencia del contrato de alianza estratégica firmado en abril de 2018, asegurando que su participación respondió a la incapacidad estructural, técnica y financiera del hospital para atender la demanda en cardiología y cirugía cardiovascular. Según la compañía, fue la propia administración del HUJMB la que promovió la vinculación del sector privado ante la falta de recursos.
Cardiovida afirmó que, tras resultar adjudicataria de la convocatoria pública No. 001, realizó una inversión superior a los 9.289 millones de pesos para poner en funcionamiento un servicio integral, incluyendo infraestructura, equipos biomédicos y personal especializado, sin aporte económico por parte del hospital.
En su pronunciamiento, la empresa insistió en que el modelo contractual no implicaba riesgo para el HUJMB, que —según detalló— recibió el 10 % de la facturación bruta del servicio (más de 4.500 millones de pesos), además de ingresos adicionales por usufructo mensual y servicios complementarios como esterilización y energía. También señaló que el departamento del Magdalena obtuvo recursos por concepto de estampillas.
La compañía subrayó que asumió la totalidad de los costos operativos durante la vigencia del contrato, y aclaró que los procesos de facturación, recaudo y comercialización eran responsabilidad exclusiva del hospital, deslindándose de posibles fallas en esos frentes.
En ese sentido, calificó como “engañoso” que se le atribuyan deficiencias administrativas y advirtió que no permitirá ser utilizada como “chivo expiatorio” de problemas internos. Asimismo, enfatizó que se trata de una institución independiente, sin vínculos políticos, que durante seis años prestó un servicio que —según sostiene— el hospital no estaba en capacidad de ofrecer.
Finalmente, Cardiovida exigió a las autoridades departamentales y a la actual administración del HUJMB cesar los señalamientos y evitar lo que considera una manipulación de la opinión pública, al tiempo que reiteró su compromiso con la defensa de su gestión y el impacto del servicio prestado a los pacientes.
