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El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta lanzó un nuevo y severo requerimiento contra el Municipio de Fundación al concluir que, otra vez, no hay evidencia seria de cumplimiento de la sentencia que ordenó obras urgentes para proteger a comunidades expuestas a las crecientes del río San Agustín.
Aunque la administración municipal repite que realiza monitoreos permanentes en el sector de Tres Esquinas, que tiene vigías comunitarios y que “gestiona” recursos, el despacho judicial le bajó la caña: sin soportes, todo queda en discurso. Y, por ahora, el expediente sigue más lleno de promesas que de hechos.
El juez fue tajante al señalar que no aparecen pruebas que respalden los supuestos monitoreos, ni constancia de medidas de emergencia efectivas, ni rastro claro de una gestión financiera que permita ejecutar obras clave como el muro de contención, el dragado del río, el desarenador y demás intervenciones recomendadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Por ello, la Alcaldía de Fundación fue requerida nuevamente para que en cinco días deje el libreto de anuncios y entregue documentación verificable, detallando qué recursos ha conseguido, en qué se han invertido, qué obras están realmente en marcha y cuáles siguen siendo simples intenciones.
Además, el despacho conminó formalmente a la alcaldesa Luz Helena Andrade Campo a cumplir de inmediato la sentencia emitida desde agosto de 2023 y confirmada en 2024 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, un fallo que, pese al tiempo transcurrido, sigue sin aterrizar en soluciones concretas para las comunidades.
El proceso fue impulsado por la ciudadana Carmiña Escorcia Barrios mediante acción popular en defensa de los derechos colectivos de sectores como Ariguaní, Las Tablitas, Paz del Río, Chimila y La Feria, poblaciones que año tras año enfrentan el mismo riesgo mientras las respuestas oficiales se diluyen entre trámites, excusas y papeles sin sustento.
La advertencia judicial no deja espacio para interpretaciones: la paciencia del juzgado se está agotando. Si el incumplimiento persiste, se abriría un incidente de desacato contra la mandataria municipal, además de posibles compulsas disciplinarias y fiscales, un escenario que pondría en evidencia no solo la ineficacia administrativa, sino también eventuales responsabilidades por seguir dejando a estas comunidades a merced del río.
