English
Una nueva polémica se abre en el municipio de Zona Bananera luego de que la administración municipal llevara a consideración del Concejo Municipal un proyecto de acuerdo mediante el cual busca autorización para adquirir un cupo de endeudamiento por $10.000 millones, destinado, según se ha planteado, a la ejecución de obras de acueductos veredales.
La propuesta genera interrogantes entre sectores de la comunidad, especialmente porque durante los últimos años se han anunciado importantes inversiones públicas para mejorar el acceso al agua potable en el municipio. Por ejemplo, la Gobernación del Magdalena reportó en febrero de 2026 una inversión de $11.069 millones en la Fase II del acueducto regional de Zona Bananera, obra que registra un avance del 81% y que busca beneficiar a más de 20.000 habitantes de San José de Kennedy, Prado, Sevilla y Guacamayal.
Pero las dudas van más allá. En 2023, otra intervención en el corregimiento de Varela fue anunciada con una inversión de $4.582 millones para beneficiar a 3.972 habitantes; actualmente, según la Gobernación, las obras de optimización de las redes menores alcanzan una inversión superior a $3.900 millones y un avance físico del 85%.
Ante este panorama, surgen varias preguntas que deberían ser respondidas públicamente antes de comprometer otros $10.000 millones de deuda municipal: ¿qué pasó con los recursos que estaban contemplados para este tipo de inversiones a través del Plan Departamental de Aguas? ¿Qué rubros del presupuesto municipal serían afectados para pagar el nuevo crédito? ¿Cómo se garantizará que no exista duplicidad de inversiones entre el municipio, el departamento y Aguas del Magdalena?
La preocupación toma mayor fuerza al recordar que Aguas del Magdalena ha ejecutado históricamente proyectos de acueducto en Zona Bananera. En documentos de la entidad aparecen, por ejemplo, proyectos de optimización en Guacamayal por $2.896 millones, Orihueca por $3.202 millones y Tucurinca por $4.040 millones, entre otros.
Además, el sistema de acueducto de Guacamayal tuvo una inversión de $2.873 millones y quedó en operación por parte de SEMSA.
Incluso en mayo de 2026, la Contraloría General del Magdalena advirtió un posible detrimento patrimonial de $999,6 millones relacionado con el contrato del acueducto regional de San José de Kennedy y Sevilla, situación que fue remitida por posibles incidencias fiscales, disciplinarias y penales.
Por eso, el debate no debería limitarse a aprobar o negar un crédito. Los concejales tienen la responsabilidad de explicar cuánto debe actualmente el municipio, cuál será el costo financiero de los $10.000 millones, qué capacidad real de pago existe, qué vigencias quedarían comprometidas y cuáles serán exactamente las obras financiadas.
También sería pertinente que los precandidatos a la Alcaldía de Zona Bananera se pronuncien. La ciudadanía merece conocer qué harán frente a las obligaciones que pueda dejar la actual administración y cuál será su estrategia para fortalecer el recaudo, gestionar recursos nacionales y departamentales y evitar que la solución a las necesidades del municipio termine siendo simplemente pedir más créditos.
Los concejales, además, tienen una oportunidad para hacer un debate serio, público y transparente, con participación de las comunidades. Porque si existen recursos departamentales, nacionales y otras fuentes de financiación para llevar agua potable a los habitantes, la pregunta inevitable es: ¿por qué comprometer otros $10.000 millones del municipio?
