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Lo que parece ser un libre ejercicio democrático se habría convertido en una puja y una obligación política, luego de conocerse denuncias contra el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, quien al parecer estaría obligando a funcionarios y contratistas a votar por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, la polémica se tomó el escenario político del departamento.
La denuncia fue dada a conocer por la líder social e investigadora en derechos humanos, Norma Vera Salazar, quien hizo un llamado a los organismos de control para que pongan la lupa sobre la institución de educación superior, al considerar que esta estaría siendo utilizada con fines electorales.
A través de su cuenta en la red social X, Vera Salazar aseguró que las presuntas presiones vendrían ocurriendo desde la primera vuelta presidencial y afectarían a empleados y contratistas vinculados a la Universidad del Magdalena.
La defensora de derechos humanos manifestó además que desde hace varios años se han venido realizando denuncias sobre una supuesta influencia política al interior de la institución, situación que, según ella, estaría derivando en prácticas orientadas a favorecer determinados proyectos electorales.
Ante estas afirmaciones, Vera Salazar insistió en la necesidad de que las autoridades competentes investiguen los hechos denunciados y garanticen que los procesos electorales se desarrollen con total transparencia, sin presiones sobre funcionarios, contratistas o ciudadanos.
Hasta el momento, el rector Pablo Vera Salazar y la Universidad del Magdalena no se habían pronunciado públicamente frente a estas acusaciones.
Pese al respaldo histórico del Gobierno Petro, rector de Unimagdalena estaría direccionando votos hacia la oposición
Las denuncias conocidas en las últimas horas surgen en medio del respaldo financiero más importante que ha recibido la Universidad del Magdalena por parte del Gobierno Nacional. Durante la administración del presidente Gustavo Petro, la institución ha contado con más de $85.000 millones para proyectos de infraestructura, además de un incremento superior a $73.000 millones en su base presupuestal, fortaleciendo su capacidad académica y administrativa.
A esto se suman más de $100.000 millones destinados a garantizar la gratuidad educativa durante 2025, permitiendo que el 97 % de los estudiantes no pague matrícula. Asimismo, la universidad ha ampliado su cobertura con más de 5.000 nuevos cupos en los últimos tres años y la creación de 1.840 plazas adicionales en programas estratégicos como ciencia de datos, robótica, animación digital, genética e inteligencia artificial.
Los recursos también han permitido impulsar iniciativas de inclusión y formación, entre ellas la profesionalización de más de 370 madres comunitarias. Sin embargo, pese a este respaldo histórico del Gobierno Nacional a la institución, las denuncias conocidas apuntan a que desde la dirección de la universidad se estarían ejerciendo presuntas presiones para orientar apoyos electorales hacia la candidatura opositora de Abelardo de la Espriella, situación que ha generado controversia y llamados a que los afectados denuncien cualquier irregularidad.
