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La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, respondió con contundencia al mensaje de solidaridad publicado por el exgobernador Rafael Martínez y dejó claro que las decisiones al interior de la administración departamental no obedecen a intereses políticos, sino a su compromiso con la transparencia, la ética y la defensa de los recursos públicos.
En un extenso pronunciamiento, la mandataria reconoció que su candidatura fue impulsada por Fuerza Ciudadana, pero enfatizó que su responsabilidad no es con un movimiento político, sino con los más de un millón de magdalenenses.
“Quienes me eligieron fueron más de 180.000 ciudadanos de distintas corrientes de pensamiento, y hoy tengo el deber constitucional y moral de gobernar para todos, sin distinción de colores políticos, sin sesgos, sin rencores y sin disputas personales”, afirmó.
Uno de los apartes más fuertes del comunicado estuvo dirigido a quienes cuestionan los cambios realizados en su gabinete. Guerra aseguró que no le debe explicaciones a nadie sobre las decisiones administrativas que ha tomado y advirtió que continuará apartando de su gobierno a quienes, según su criterio, no cumplan con los principios de una gestión íntegra.
“He retirado a quienes no servían y seguiré haciéndolo cuantas veces sea necesario, porque mi compromiso no es con cuotas, es con la decencia”, expresó.
La gobernadora también se refirió a las amenazas e intimidaciones que ha denunciado recientemente. Aunque aclaró que ha tenido diferencias con el exgobernador Carlos Caicedo, fue enfática en señalar que él no ha sido el responsable de esas presiones.
Sin embargo, lanzó una advertencia que sacude el panorama político del departamento al asegurar que conoce quiénes están detrás de las intimidaciones y que los ataques se han intensificado desde que comenzó a enfrentar presuntas estructuras de corrupción enquistadas en la Gobernación.
“No me tiembla la voz para decir que seguiré desmantelando esas estructuras, sin importar quién caiga ni a quién incomode”, sentenció.
Finalmente, Guerra rechazó cualquier intento de utilizar su nombre para profundizar divisiones dentro de Fuerza Ciudadana y defendió su independencia en el ejercicio del poder.
“Mi deber como gobernadora es preservar la institucionalidad, proteger el patrimonio público y honrar la confianza que depositaron en mí los ciudadanos. Ese seguirá siendo el norte de este gobierno: servir al Magdalena con independencia, transparencia y absoluto respeto por la ley”, concluyó la mandataria.
El pronunciamiento deja en evidencia un nuevo capítulo en las tensiones políticas entre la gobernadora y sectores de Fuerza Ciudadana, en medio de un escenario marcado por denuncias de presuntas presiones internas, amenazas y una ofensiva anunciada contra posibles redes de corrupción dentro de la administración departamental.
