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Desde 2021, el nombre del contratista Álvaro Adolfo Bustamante Facundo, oriundo de Guamal, Magdalena, comenzó a repetirse en la contratación pública de Uribia, La Guajira, al figurar como representante legal de consorcios encargados de obras estratégicas.
Bustamante ejecutó contratos millonarios junto a John Jairo Eljadue López, con quien habría contratado de manera conjunta más de 150 mil millones de pesos, cerca de 70 mil millones concentrados en Uribia, uno de los municipios hoy señalados como epicentro del escándalo nacional del megasqueo de la UNGRD, donde millonarios recursos públicos terminaron diluidos en proyectos inconclusos.
Plantas sin agua y vías que no llegan
Uno de los casos que están en el foco de la corrupción es la planta de tratamiento de agua potable del corregimiento de Buenos Aires, en la Alta Guajira, ejecutada por el Consorcio Buenos Aires 2021, del cual Bustamante fue representante legal.
Años después de su adjudicación, la obra permanece sin terminar, convertida en un elefante blanco que simboliza el abandono institucional sobre comunidades wayuu que siguen sin acceso efectivo al agua potable. A este fracaso se suma la vía Uribia–Poportín, proyecto que contemplaba el mejoramiento de 11,6 kilómetros y la construcción de 30 alcantarillas para permitir el paso de aguas lluvias y escorrentías, obra que tras más de tres años de ejecución no alcanza ni el 70 % de avance, pese a que prometía beneficiar a más de 55 comunidades indígenas.
El entramado político bajo sospecha
Las investigaciones de la revista Cambio y versiones regionales han puesto el foco no solo en las obras inconclusas, sino en el entramado político y empresarial que rodea esta contratación. Bustamante aparece mencionado por su cercanía con estructuras de poder local en Uribia, incluyendo versiones sobre vínculos políticos con el personero municipal Carlos Rangel, mientras que el grupo empresarial de los Eljadue López es señalado por su relación con William y Salomón Riscala, contratistas también mencionados en controversias en La Guajira y asociados políticamente a la senadora Martha Peralta.
Sin fallos judiciales en firme hasta ahora, el cúmulo de contratos inconclusos y recursos comprometidos ubica el nombre de Álvaro Adolfo Bustamante en el centro de uno de los más graves focos de presunta corrupción en La Guajira, donde las obras públicas terminaron convertidas en ruinas anticipadas.
