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Extranjero se 'mamó'  de los ruidos del barrio donde vive, denunció lo ocurrido y terminó amenazado de muerte

Extranjero se 'mamó'  de los ruidos del barrio donde vive, denunció lo ocurrido y  terminó amenazado de muerte

La convivencia en el barrio Nueva Galicia, en Santa Marta, llegó a un punto crítico después de que el ciudadano canadiense Dave Rivard denunciara haber sido amenazado por un vecino, presuntamente molesto por sus reiteradas quejas por ruidos extremos y contaminación. Rivard asegura que desde hace meses reporta el funcionamiento de un taller improvisado de motocicletas y un discobar que operaría sin ningún tipo de control. “He estado al frente del inspector de Policía, participé en una audiencia pública en septiembre, pero el ruido no solo continúa, sino que parece empeorar, quizás por retaliación”, afirmó el extranjero, quien describe que las vibraciones llegan a sacudir pisos y escritorios.


 

El ciudadano insiste en que no se trata simplemente de música a alto volumen. “Es el ruido de motos, un taller clandestino que opera a pocos metros de mi habitación”, dijo, asegurando que hay momentos en los que el estruendo superaría los 100 decibeles, acompañado de humo y olor a gasolina dentro de los apartamentos. A pesar de las llamadas constantes a las autoridades, la situación persiste. “Llevo lidiando con esto desde marzo. He hecho reportes, he hablado con las autoridades, pero la situación sigue igual. Soy el único que ha puesto la cara ante las entidades y eso parece haber generado molestias entre algunos vecinos”, sostuvo.

 

Según Rivard, esa exposición terminó desencadenando las amenazas. Ocurrió cuando caminaba por la zona y —dice— lo estaban esperando frente a la vivienda señalada. “Me confrontaron y me dijeron que ya me había ‘pasado de calidad’ por hacer que la Policía llegara al sector”, relató, agregando que incluso recibió expresiones xenófobas y advertencias de que subirían a su apartamento si continuaban las quejas. El ciudadano ya puso el caso en conocimiento del inspector y acudirá hoy mismo ante la Fiscalía. La situación, una vez más, deja al descubierto la incapacidad institucional para controlar el ruido extremo y proteger a quien se atreve a denunciar, en un barrio donde —según los residentes— ya ni dormir se puede sin arriesgarse a represalias.