English
Juan Pablo Díaz Granados pidió a los organismos de control revisar dos decretos expedidos el 30 de julio de 2025, relacionados con la salida del entonces gobernador y con un proyecto vial de más de $44.000 millones.
Una nueva controversia alrededor de la administración del exgobernador del Magdalena Rafael Martínez quedó planteada tras una denuncia pública de Juan Pablo Díaz Granados, quien pidió a los organismos de control revisar la expedición de dos decretos firmados el 30 de julio de 2025, cuando quedó formalizada la salida del mandatario por la nulidad de su elección.
El primer documento, el Decreto 293 del 30 de julio de 2025, declaró la falta absoluta de Martínez después de que el Consejo de Estado dejara en firme la nulidad de su elección por doble militancia. La Gobernación informó entonces que Ingris Padilla, secretaria del Interior, asumiría temporalmente las funciones del despacho.
La denuncia de Díaz Granados pone el foco, sin embargo, en el Decreto 294, expedido en la misma fecha. Según el denunciante, mediante ese acto administrativo se habría priorizado y aprobado el proyecto para la construcción del intercambiador vial de la glorieta La Piragua, en Santa Marta, y se habría designado al Fondo Mixto Sierra Nevada como ejecutor.
El asunto adquiere especial relevancia por el monto involucrado. Los registros de contratación consultados muestran posteriormente un proceso del Fondo Mixto Sierra Nevada para la construcción del intercambiador vial de La Piragua, bajo un régimen especial de contratación, con una cuantía publicada de $44.269 millones. En el expediente aparece, además, como documento relacionado el Decreto 294 del 30 de julio de 2025.
La cifra publicada en el proceso de contratación difiere de los $46.500 millones señalados por Díaz Granados en su denuncia. Esa diferencia deberá ser precisada mediante la revisión directa de los documentos presupuestales y administrativos que soportaron la aprobación del proyecto.
La pregunta sobre la contratación
El punto central de la denuncia no es solamente la coincidencia temporal entre los dos decretos, sino la modalidad mediante la cual se habría encargado la ejecución del proyecto.
Díaz Granados sostiene que la utilización del Fondo Mixto Sierra Nevada habría permitido evitar una licitación pública y cuestiona que se hubiera recurrido a un esquema de contratación de régimen especial.
En efecto, el proceso posteriormente publicado para el intercambiador aparece registrado como contratación de régimen especial, con el Fondo Mixto Sierra Nevada como entidad contratante y un valor de $44.269 millones.
No obstante, la existencia de un régimen especial de contratación no permite por sí sola concluir que se haya cometido una irregularidad o que se haya evadido ilegalmente una licitación. Para establecerlo sería necesario revisar el contenido del Decreto 294, los estudios y documentos previos, la fuente de financiación, la naturaleza jurídica del Fondo Mixto, el convenio o instrumento utilizado y las normas que habilitaban esa modalidad contractual.
Ese es precisamente uno de los aspectos que Díaz Granados solicita que sea investigado por las autoridades.
El momento en que se expidieron los decretos
La controversia se concentra en que ambos actos administrativos tienen fecha del 30 de julio de 2025, jornada en la que quedó formalizada la salida de Martínez.
El Consejo de Estado había dejado en firme la nulidad de la elección del entonces gobernador por doble militancia. La decisión produjo la falta absoluta del cargo y abrió el camino para la designación de un gobernador encargado y posteriormente para la convocatoria de elecciones atípicas.
La denuncia plantea que, mientras se formalizaba administrativamente la salida de Martínez, también se adoptaba una decisión de alto impacto económico relacionada con una de las obras de infraestructura más importantes de Santa Marta.
La coincidencia temporal, sin embargo, no demuestra por sí misma una conducta irregular. La eventual responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria o penal dependerá de lo que determinen las autoridades después de revisar los documentos y actuaciones correspondientes.
El proyecto sí avanzó a contratación
Un elemento que permite dimensionar la denuncia es que el proyecto no quedó únicamente en una decisión administrativa. El 27 de agosto de 2025 fue registrado en SECOP un proceso para la construcción del intercambiador vial en el sector de la glorieta La Piragua, cuyo valor publicado fue de $44.269.092.347.
El proceso figura bajo la modalidad de régimen especial y con el Fondo Mixto Sierra Nevada como entidad contratante.
Posteriormente también aparece un proceso relacionado con el apoyo a la supervisión de la construcción del intercambiador, por $42 millones, registrado igualmente bajo régimen especial.
Estos registros hacen pertinente la solicitud de revisión formulada por Díaz Granados, especialmente para establecer la trazabilidad completa de los recursos: desde la aprobación y priorización del proyecto hasta la selección del ejecutor, la contratación de la obra y la supervisión.
Solicitud a los organismos de control
En su denuncia, Díaz Granados pidió a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación revisar los hechos y contrastarlos con los actos administrativos que sustentan sus señalamientos.
Por ahora, lo que existe públicamente es una denuncia que plantea posibles irregularidades, no una decisión judicial que haya establecido responsabilidad de Rafael Martínez o del Fondo Mixto Sierra Nevada por estos hechos.
La revisión de los decretos, los documentos del proyecto y los expedientes de contratación será determinante para establecer si la decisión adoptada el 30 de julio de 2025 se ajustó al ordenamiento jurídico o si, como sostiene el denunciante, existieron actuaciones que ameriten investigaciones de los organismos competentes.
