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Una actuación urbanística iniciada en 2017 durante la administración de Rafael Martínez terminó con una condena contra el Distrito de Santa Marta por más de $121 millones. La sanción impuesta en ese momento fue posteriormente anulada por la justicia.
El caso comenzó el 15 de diciembre de 2017, cuando el Distrito sancionó a Inés Cecilia Cabana de Cormane por la presunta ocupación de 21,32 metros cuadrados de espacio público y la construcción de un tercer nivel de 115,4 metros cuadrados sin licencia. La multa establecida fue de $100.598.000 y también se ordenó la demolición de las obras.
La decisión fue recurrida y posteriormente resuelta mediante la Resolución 021 del 15 de febrero de 2018, expedida por la Secretaría de Gobierno Distrital, entonces encabezada por Adolfo Bula. Sin embargo, en mayo de 2025, la justicia declaró la nulidad de las decisiones administrativas que habían impuesto la sanción y determinó que Cabana de Cormane no debía pagar el valor de la multa.
Las demoliciones ya se habían ejecutado entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. Dentro del proceso judicial, los afectados señalaron que durante estas actuaciones se habrían producido daños en el inmueble, entre ellos grietas, afectaciones en instalaciones eléctricas y de vigilancia, filtraciones de agua y daños o pérdida de elementos.
Ahora, mediante una sentencia del 27 de agosto de 2026, el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta declaró responsable al Distrito, a la Secretaría de Gobierno y a la Inspección de Policía de Bastidas por una falla en el servicio. Como consecuencia, ordenó el pago de $121.323.877 a Ángela Cristina Melo Melo por concepto de daño emergente.
Los demandantes habían solicitado una indemnización de $243.323.921 por daños materiales, además de perjuicios morales. Sin embargo, el juzgado negó las demás pretensiones. La decisión tampoco está en firme, debido a que el Distrito presentó un recurso de apelación, por lo que el caso deberá ser revisado por la instancia correspondiente.
