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El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de presentar en diez días una nueva alternativa para solucionar el problema de abastecimiento de agua potable en Santa Marta abrió nuevamente el debate político sobre el futuro del proyecto de plantas desalinizadoras. El mandatario había señalado que esta iniciativa no continuaría por considerar que técnicamente no era viable y posteriormente aseguró que su Gobierno trabaja en una nueva propuesta.
En ese sentido, el representante a la Cámara Felipe Hernández cuestionó el anuncio y pidió explicaciones sobre las razones técnicas que llevaron al Gobierno Nacional a replantear el proyecto. El congresista ha insistido en que la ciudad necesita conocer con claridad qué estudios sustentan la decisión y cuál será el camino que seguirá el Gobierno para garantizar una solución estructural al déficit de agua.
“Abelardo, volver en diez días con otro anuncio no resuelve la sed de Santa Marta”, es el planteamiento de Hernández, quien cuestiona además cuánto tiempo tendrán que esperar los samarios si la nueva alternativa implica comenzar nuevamente procesos de estudios, diseños y estructuración.
El representante también pone sobre la mesa el antecedente de una iniciativa que contemplaba recursos superiores a los $786.000 millones y que había sido incorporada como proyecto estratégico mediante el CONPES 4159.
Hernández considera necesario explicar por qué se descarta una alternativa que había avanzado durante el Gobierno anterior y cuáles son las razones técnicas, jurídicas y financieras que sustentan su reemplazo.
La posición de Hernández contrasta con la de otros congresistas del Magdalena. Honorio Henríquez, Chadán Rosado y Franklin Lozano respaldaron el anuncio del presidente De la Espriella y la búsqueda de una alternativa diferente para solucionar el abastecimiento de agua de Santa Marta, según sus pronunciamientos frente a la discusión.
En medio de las posiciones encontradas, Hernández anunció que continuará impulsando el Comité de Defensa del Derecho al Agua, desde donde busca mantener el debate sobre el acceso al líquido y exigir que las decisiones del Gobierno se traduzcan en soluciones concretas para los samarios.
La discusión queda así planteada: mientras el Gobierno promete presentar una nueva alternativa en diez días, Hernández reclama que la ciudad conozca desde ahora cuáles son las razones para abandonar las desalinizadoras y qué garantías existen de que la nueva solución no termine prolongando nuevamente la espera de los samarios.
