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Por: Luis Maestre/ Director Informativo El Morro
El panorama tanto político como personal de Carlos Caicedo Omar habría cambiado radicalmente. Lo que antes parecía una red de respaldos jurídicos y relaciones de confianza podría convertirse ahora en un escenario de incertidumbre para el exalcalde de Santa Marta, tras la llegada de Iván Cancino y Alejandro Ordóñez al Gobierno de Abelardo De la Espriella.
Para nadie es un secreto que la política también se mueve por las relaciones, las lealtades y la información que se acumula durante años. Y en ese tablero, la presencia de dos antiguos defensores de Caicedo en el gabinete nacional abre interrogantes sobre el alcance de sus vínculos pasados y las posibles repercusiones políticas de este nuevo escenario.
Tal como lo plantea el periodista Rubén Peña en sus publicaciones, el cambio de escenario podría representar un motivo de preocupación para el dirigente samario. Quienes en otro momento estuvieron cerca de él y conocieron de primera mano sus controversias jurídicas y políticas hoy ocupan posiciones de poder en un Gobierno que ha anunciado una ofensiva contra la corrupción.
Cancino: el abogado que conoce de cerca los procesos de Caicedo
Iván Cancino, hoy ministro de Justicia, fue uno de los abogados que asumió la defensa de Carlos Caicedo en los procesos judiciales que enfrentó. Esa relación profesional lo convirtió en una figura familiar dentro del entramado jurídico que rodeó al exmandatario.
Su llegada al Gobierno de De la Espriella plantea una nueva lectura política de esa relación. Cancino conoce los argumentos de defensa, las estrategias jurídicas y los antecedentes de los expedientes en los que participó como abogado. Sin embargo, ese conocimiento profesional no constituye, por sí solo, prueba de la existencia de información comprometedora ni permite afirmar que vaya a utilizarla contra su antiguo cliente.
El interrogante político es otro: ¿cómo se reconfiguran las relaciones de poder cuando quienes defendieron a un dirigente terminan integrando un Gobierno que promete combatir las irregularidades en la administración pública?
Ordóñez: el antecedente que vuelve a poner la lupa sobre la Procuraduría
El caso de Alejandro Ordóñez tiene un antecedente particularmente sensible para Santa Marta. Durante su gestión como procurador general de la Nación, entre 2009 y 2016, estuvo relacionado institucionalmente con actuaciones disciplinarias que involucraron a Carlos Caicedo.
En 2014, una dependencia de la Procuraduría formuló una sanción de primera instancia que contemplaba una inhabilidad de 12 años contra Caicedo, por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de cuatro pozos profundos para el abastecimiento de agua de Santa Marta. La actuación estaba relacionada con recursos públicos destinados a enfrentar las dificultades de suministro de agua durante una época de sequía.
La controversia política gira alrededor del trámite posterior de ese expediente y de las decisiones adoptadas dentro del Ministerio Público. La sanción de primera instancia no equivale a una condena penal y su alcance debe analizarse a la luz de las decisiones disciplinarias posteriores.
El proceso terminó siendo resuelto durante la administración de Fernando Carrillo, sucesor de Ordóñez, quien absolvió disciplinariamente a Caicedo de los cargos correspondientes. En ese mismo contexto también se encontraba involucrado el entonces gerente de Infraestructura, Efraín Vargas.
Estos antecedentes explican por qué la presencia de Ordóñez en el nuevo Gobierno vuelve a despertar preguntas entre sectores políticos de Santa Marta. Su papel histórico en las actuaciones disciplinarias relacionadas con Caicedo constituye un elemento de debate, aunque cualquier señalamiento de favorecimiento deliberado debe sustentarse en hechos y documentos verificables.
De la cercanía al nuevo pulso político
La coincidencia de Cancino y Ordóñez en el gabinete de De la Espriella adquiere una dimensión particular por sus respectivas relaciones profesionales e institucionales con Caicedo. Uno participó en su defensa jurídica; el otro estuvo al frente del organismo de control disciplinario durante parte del periodo en que se tramitaron actuaciones contra el exalcalde.
Ahora, ambos forman parte de un Gobierno que ha anunciado una política de mano firme contra la corrupción. Esa circunstancia podría modificar el equilibrio político alrededor de Caicedo, especialmente si la nueva administración decide revisar actuaciones, impulsar investigaciones dentro de sus competencias o fortalecer la cooperación entre las autoridades de control y justicia.
No obstante, no existe base suficiente para afirmar que Cancino u Ordóñez posean secretos comprometedores que vayan a utilizar contra Caicedo, ni que exista una decisión oficial de perseguirlo políticamente. Cualquier nueva actuación deberá responder a hechos concretos, pruebas y garantías procesales.
La pregunta que inquieta al escenario político samario
El debate ya está planteado: ¿qué significa para Carlos Caicedo que dos figuras con antecedentes de cercanía profesional o institucional ahora hagan parte de un Gobierno que promete combatir la corrupción?
La política suele cambiar de protagonistas, pero los expedientes, las decisiones y las relaciones construidas durante años permanecen bajo el escrutinio público. Para Caicedo, la llegada de Cancino y Ordóñez al poder nacional abre una nueva etapa de lecturas y especulaciones políticas.
En el ajedrez del poder, quienes ayer estuvieron en la defensa o en la órbita institucional de un dirigente pueden terminar ocupando posiciones determinantes en un escenario diferente. La verdadera dimensión de este giro, sin embargo, no se medirá por los rumores sobre supuestos secretos, sino por las decisiones oficiales, los documentos y las pruebas que eventualmente lleguen a conocerse.
Porque una cosa es la cercanía del pasado y otra, muy distinta, es lo que pueda demostrarse en el presente.
