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IEl miedo vuelve a navegar por la Ciénaga Grande de Santa Marta, y es por eso que allí la pregunta ya no es quién delinque. La pregunta es quién ejerce realmente la autoridad. Mientras las comunidades denuncian retenciones ilegales, amenazas, extorsiones y una creciente presencia de hombres armados, la respuesta institucional parece llegar siempre tarde, cuando llega.
Los hechos recientes han vuelto a encender las alarmas. En menos de un mes, varias personas han sido retenidas durante horas por sujetos armados cuya identidad sigue sin ser esclarecida oficialmente. Familias enteras vivieron jornadas de angustia sin saber si sus seres queridos regresarían a casa. Lo más grave no es únicamente que ocurra, sino que estos episodios comienzan a parecer parte de la cotidianidad de un territorio donde el miedo se está imponiendo sobre la tranquilidad de sus habitantes.
La situación resulta aún más inquietante porque, según habitantes de la zona, escenas de este tipo no se veían desde hace más de 24 años.
El recuerdo inevitable remite a una de las épocas más oscuras de la historia reciente del Magdalena, cuando grupos paramilitares ingresaron por los caños y cuerpos de agua de la Ciénaga Grande- Nueva Venecia- para perpetrar masacres que dejaron decenas de víctimas.
Hoy no se registra una tragedia de semejante magnitud, pero la presencia de hombres armados y las denuncias de retenciones ilegales envían un mensaje de temor, zozobra e incertidumbre a las poblaciones palafíticas que habitan sobre el agua y que subsisten principalmente de la pesca.
La desesperación de las comunidades quedó evidenciada hace pocos días cuando decidieron bloquear la Troncal del Caribe. Fue una protesta nacida del cansancio. Del sentimiento de abandono. De la percepción de que las denuncias se acumulan mientras las soluciones nunca aparecen. Cuando una población decide cerrar una carretera nacional para ser escuchada, es porque considera agotados los canales institucionales.
Poder y conteo total de organizaciones criminales
La situación no se limita a la Ciénaga.En distintos municipios del Magdalena persisten denuncias por extorsiones, amenazas contra comerciantes y presiones ejercidas por estructuras criminales que continúan actuando pese a los constantes anuncios oficiales sobre operaciones y planes de seguridad. Para muchos habitantes, la sensación es que los violentos siguen imponiendo condiciones mientras el Estado observa desde la distancia.
Por eso no sorprendió el mensaje enviado por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra. Su llamado al Gobierno Nacional para que no deje solo al departamento refleja una preocupación que hoy comparten alcaldes, líderes sociales, empresarios y ciudadanos del común. La reaparición de hechos que evocan los años más violentos de la región ha encendido las alarmas en comunidades que creían superados esos capítulos de terror.
“El presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y toda la cúpula de seguridad del país tienen la obligación de responder a una pregunta que cada día se escucha con más fuerza en la Ciénaga Grande y la Sierra: ¿quién protege hoy a estas comunidades? Porque cuando los ciudadanos sienten que los criminales tienen más presencia que las instituciones, el problema deja de ser únicamente de orden público y se convierte en una crisis de autoridad”, indicó la mandataria.
Lo cierto es que la Ciénaga Grande de Santa Marta no puede volver a convertirse en escenario del miedo. Tampoco el Magdalena puede resignarse a convivir con la sensación de que existen territorios donde la ley perdió terreno. Las comunidades ya levantaron la voz. Ahora le corresponde al Estado demostrar que sigue presente antes de que la historia vuelva a repetirse.
