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El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, rechazó las denuncias que lo señalan de presunta participación indebida en política y supuesto constreñimiento electoral relacionado con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
A través de un comunicado oficial, la Alcaldía Distrital aseguró que la administración ha actuado con estricto apego a la Constitución y la ley, negando cualquier conducta orientada a presionar a funcionarios o contratistas para favorecer una candidatura política.
“Nos ponemos a disposición de los entes de control para que cualquier hecho sea verificado con rigor, objetividad y pleno respeto al debido proceso”, señaló la administración distrital en su pronunciamiento.
Asimismo, la Alcaldía sostuvo que no acepta que Santa Marta sea utilizada como escenario de disputas políticas y anunció que presentó quejas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Comisión de Seguimiento Electoral por la presunta injerencia de funcionarios del Gobierno Nacional en campañas políticas.
Las denuncias
La controversia se originó luego de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunciara acciones de inspección, vigilancia y control en la Alcaldía de Santa Marta tras conocerse denuncias sobre presuntas presiones a contratistas y funcionarios para participar en actividades proselitistas.
Por su parte, la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde Carlos Pinedo Cuello por los presuntos delitos de constreñimiento electoral y participación indebida en política.
Según la funcionaria, fueron entregados a las autoridades chats, cronogramas, listados de actividades denominadas “toma de barrios” y registros relacionados con una plataforma para la inscripción de votantes. De acuerdo con la denuncia, estos elementos evidenciarían una supuesta estrategia para favorecer la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.
Mientras la Alcaldía insiste en que las acusaciones carecen de sustento y defiende la legalidad de su actuación, serán los organismos de control y la Fiscalía los encargados de determinar la veracidad de los hechos.
