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Una serie de presuntas irregularidades relacionadas con la documentación presentada por uno de los oferentes mantiene bajo cuestionamiento el proceso de licitación destinado a garantizar la alimentación escolar de estudiantes pertenecientes a comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP) en el departamento del Magdalena.
A través de la Resolución 051 del 18 de febrero de 2025, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar —Alimentos para Aprender— del Ministerio de Educación Nacional estableció los lineamientos técnicos y estándares para la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en establecimientos educativos y etnoeducativos con población NARP.
En aplicación de estos lineamientos, la Gobernación del Magdalena abrió un proceso de selección para contratar, por $7.830 millones, la prestación del servicio de alimentación escolar durante lo que resta de 2026 a 16.639 estudiantes de estas comunidades en diferentes municipios del departamento. La adjudicación estaba prevista para el pasado 11 de agosto de 2026.
Sin embargo, el proceso terminó declarado desierto. Según información conocida por este medio, se presentaron tres oferentes: uno fue descartado inicialmente y los otros dos continuaron en disputa, sin que finalmente se concretara la adjudicación del contrato.
Uno de los aspectos que genera mayores cuestionamientos está relacionado con la Fundación Eskandinavia, integrante de la Unión Temporal AFRO MAGDALENA, cuya representante legal es Edilsa Moreno de Mejía, del Consejo Comunitario de Tucurinca.
De acuerdo con documentos conocidos por este medio, la Unión Temporal habría presentado como parte de los requisitos una hoja de vida correspondiente a una ingeniera de alimentos. Sin embargo, la profesional manifestó, mediante declaración juramentada y autenticada ante la Notaría Segunda de Santa Marta, que no autorizó el uso de su hoja de vida, ni su vinculación contractual para la ejecución del contrato. También aseguró que su firma habría sido incorporada en documentos sin su autorización y solicitó a la Gobernación del Magdalena realizar una revisión exhaustiva del caso.
A este cuestionamiento se suma otro relacionado con la experiencia acreditada por la Fundación Eskandinavia. Según la documentación revisada, el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio registra como fecha de inscripción el 23 de agosto de 2023. No obstante, algunos de los contratos presentados para acreditar experiencia corresponderían al año 2022.
Además, según la información suministrada a este medio, al verificar algunos de esos contratos en la plataforma SECOP, los números de contrato aparecerían asociados a otra empresa y con objetos contractuales diferentes a los presentados dentro de la licitación. Estos hechos deberán ser aclarados por el oferente y verificados por las autoridades competentes.
La Fundación Eskandinavia también habría celebrado contratos con la Gobernación del Magdalena durante 2024, otro elemento que hace parte de los cuestionamientos planteados alrededor del proceso.
Solicitan intervención de organismos de control
Las presuntas irregularidades habrían sido advertidas durante las diferentes etapas del proceso y puestas en conocimiento del comité evaluador, integrado por funcionarios de la Gobernación del Magdalena, entre ellos responsables del área del PAE y asesores jurídicos.
No obstante, según la denuncia conocida por este medio, los hechos no habrían sido trasladados hasta el momento a los organismos competentes para que determinen si existe mérito para iniciar investigaciones. Asimismo, se cuestiona que el oferente no haya sido excluido del proceso por estos señalamientos.
La declaratoria de desierta de la licitación abre ahora la posibilidad de que la Gobernación adelante un nuevo proceso de contratación, escenario en el que, según los denunciantes, se deben revisar con especial rigor los antecedentes y documentos aportados por los posibles oferentes.
Hasta el momento, la Gobernación del Magdalena no ha emitido un pronunciamiento público sobre los cuestionamientos ni ha precisado cuándo será abierto el nuevo proceso de contratación.
Ante este panorama, representantes de la comunidad NARP solicitan una vigilancia especial de los organismos de control para garantizar la transparencia del proceso y asegurar que el futuro contratista cumpla plenamente con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos, pero, sobre todo, que pueda garantizar de manera adecuada la alimentación escolar de los 16.639 estudiantes beneficiarios.
Los señalamientos aquí expuestos corresponden a denuncias y documentos puestos en conocimiento de este medio y deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes, garantizando el debido proceso y el derecho de contradicción de las partes involucradas.
