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La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tras abrir una investigación por presunta participación indebida en política, en medio del ambiente de alta tensión que vive el país luego de la primera vuelta presidencial.
La decisión del Ministerio Público se conoció pocas horas después de la suspensión del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, también investigado por presunta intervención política, reforzando las advertencias hechas por el organismo disciplinario sobre las restricciones que tienen los servidores públicos durante periodos electorales.
La medida contra Carrillo surge luego de unas declaraciones ofrecidas durante una rueda de prensa desde la Sala de Crisis de la UNGRD, donde expresó comentarios favorables hacia el presidente Gustavo Petro y cuestionó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
“Yo considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano. El señor presidente quiere un país mejor, quiere un país más justo”, afirmó Carrillo durante su intervención pública. Además, expresó preocupación frente al crecimiento de sectores políticos que calificó como un proyecto “abiertamente fascista”.
Estas declaraciones habrían sido consideradas por la Procuraduría como una posible vulneración a las normas que limitan la participación política de funcionarios del Estado, quienes tienen prohibido utilizar sus cargos o espacios institucionales para favorecer o afectar candidaturas o posiciones electorales.
La polémica se da además en un contexto marcado por cuestionamientos alrededor del propio presidente Gustavo Petro, quien recientemente ha sido señalado por presunta participación en política tras mensajes publicados en redes sociales relacionados con la campaña presidencial y el rumbo del país frente a la segunda vuelta.
Con la suspensión de Carrillo ya son varios los funcionarios públicos investigados o apartados provisionalmente por hechos similares, entre ellos la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, y otros servidores vinculados a expresiones políticas en medio de la contienda electoral.
El caso ahora quedará en manos de la Procuraduría, que deberá determinar si existió o no una falta disciplinaria y qué sanciones podrían derivarse de la investigación.
