La crisis institucional en torno a la asignación de recursos públicos escaló con la dimisión de Jaime Uribe al cargo de gerente del Fondo Milagro. La salida del funcionario se produjo en medio de una fuerte polémica desatada por los elevados sueldos y prebendas aprobadas para la planta de directivos de la entidad, cuestionamientos que habían llevado previamente a órdenes directas desde el Ejecutivo para frenar dichos pagos.
La controversia estalló tras revelarse los montos asignados en la nómina de los funcionarios del Fondo Milagro, los cuales generaron rechazo generalizado y motivaron instrucciones gubernamentales para congelar los emolumentos.
Ante la presión institucional y el impacto político de la medida, Jaime Uribe decidió apartarse de la dirección de la entidad encargada de la reconstrucción y la gestión estratégica.
El episodio abre paso a una reestructuración y a un escrutinio riguroso sobre la transparencia en el manejo administrativo y presupuestal de los fondos especiales del Estado.