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La representante a la Cámara Nelly Patricia Mosquera y el concejal de Bogotá Óscar Ramírez Vahos, ambos del Centro Democrático, pidieron que el exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, sea uno de los primeros casos a los que se aplique la denominada “Ley Gilma Jiménez”.
La “Ley Gilma Jiménez” es una iniciativa que busca establecer la cadena perpetua para quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad, como medida para aumentar las sanciones frente a este tipo de conductas. La propuesta lleva el nombre de la fallecida senadora Gilma Jiménez, quien impulsó durante años esta medida de protección para niños y adolescentes.
Los dirigentes cuestionaron la situación jurídica de Caicedo y señalaron que debe responder ante las autoridades por las acusaciones que existen en su contra. Mosquera también solicitó al canciller poner en conocimiento de las autoridades españolas el proceso que, según afirmó, enfrenta el exmandatario en Colombia.
Por su parte, Ramírez Vahos cuestionó que Caicedo haya salido del país y relacionó su situación con el anterior gobierno nacional. El concejal respaldó la propuesta de cadena perpetua para responsables de delitos sexuales contra menores de edad.
Las declaraciones fueron realizadas a través de redes sociales, donde ambos dirigentes insistieron en que los menores deben contar con mayores mecanismos de protección y que quienes sean responsables de delitos contra ellos deben responder ante la justicia.
¿En Colombia es inviable o viable aplicar esa ley contra Carlos Caicedo?
La propuesta de imponer cadena perpetua o pena de muerte en Colombia no podría aplicarse actualmente de manera directa, debido a los límites establecidos por la Constitución y por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Para modificar ese marco sería necesaria una reforma constitucional y, además, surgirían obligaciones frente a los tratados internacionales suscritos por Colombia que protegen contra penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En el caso de Carlos Caicedo, tampoco sería jurídicamente posible aplicar de manera retroactiva una eventual nueva norma penal más gravosa por hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia. Allí operan principios fundamentales como la irretroactividad de la ley penal y el principio de favorabilidad, según los cuales una norma posterior no puede utilizarse para agravar la situación jurídica de una persona por conductas anteriores a su vigencia y, cuando corresponda, debe aplicarse la disposición más favorable al procesado.
