Español
En Santa Marta, detrás del auge turístico que cada año atrae a miles de visitantes, se esconde una realidad alarmante: comerciantes y empresarios están siendo obligados a pagar millonarias extorsiones a grupos armados para poder seguir operando… y, en muchos casos, para mantenerse con vida.
Las llamadas “vacunas” no son montos menores. Según denuncias e investigaciones periodísticas, las cuotas impuestas pueden superar el millón de pesos mensuales, dependiendo del tipo de negocio, su ubicación y el flujo de clientes. Quienes no acceden a estos pagos se enfrentan a amenazas, atentados o incluso la muerte.
Este sistema ilegal, controlado en gran parte por estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, se ha incrustado en sectores clave de la economía local: transporte, hotelería, gastronomía y turismo informal. Es decir, prácticamente toda la cadena que sostiene la actividad turística de la ciudad.
La situación va más allá de una simple extorsión. Para muchos comerciantes, estos pagos se han convertido en una especie de “seguro de vida” impuesto, donde cada cuota representa la garantía de no ser atacados. Sin embargo, esta dinámica también fortalece las finanzas de los grupos criminales, alimentando su control territorial y su capacidad de intimidación.
En medio de este panorama, el turista termina siendo un actor involuntario. Cada servicio que paga desde un transporte hasta una comida puede incluir, sin saberlo, un porcentaje destinado a sostener estas estructuras ilegales.
Mientras tanto, el miedo y el silencio siguen marcando la cotidianidad de quienes dependen del comercio en Santa Marta, en una ciudad donde trabajar, para muchos, implica pagar por no morir.
