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A pocas semanas de asumir su curul en el Senado de la República, Carmen Patricia Caicedo Omar enfrenta uno de los mayores desafíos jurídicos y políticos de su carrera pública. Un fallo disciplinario de primera instancia del que tuvo acceso de manera exclusiva Informativo El Morro, emitido por la Personería Distrital de Santa Marta, la declaró responsable por irregularidades en un proceso contractual adelantado cuando se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, DADSA.
La decisión impuso una sanción equivalente a 12 meses de suspensión, situación que ha generado interrogantes sobre las posibles implicaciones que podría tener para su posesión como integrante del nuevo Congreso de la República.
La investigación que se originó por una denuncia ciudadana
De acuerdo con el documento, el proceso disciplinario tuvo origen en una queja presentada en agosto de 2021 por el ciudadano José López Sarmiento, quien puso en conocimiento de la Personería presuntas irregularidades relacionadas con la planeación y celebración del Contrato 147 de 2020.
La denuncia señalaba que la modalidad de contratación directa utilizada por el DADSA habría sido sustentada sobre argumentos que no correspondían a la realidad del mercado, limitando la posibilidad de que otros oferentes participaran en el proceso contractual.
Desde entonces, la Personería inició una investigación que se prolongó durante varios años y que culminó con un fallo de primera instancia adverso para la exfuncionaria.
El contrato que hoy está bajo la lupa
La controversia gira alrededor de la adquisición de 2.447 ejemplares de la obra literaria denominada “Quebrada Tamacá, Corazón del Cambio Ambiental”, mediante un contrato por $159.055.000, material que sería utilizado dentro de una estrategia pedagógica para promover la conservación ambiental y el manejo adecuado de residuos sólidos en Santa Marta.
Según la investigación, la administración justificó la contratación directa argumentando que no existía pluralidad de oferentes debido a que el producto contaba con derechos exclusivos de autor.
Sin embargo, durante el proceso disciplinario se estableció que la obra inicialmente correspondía a un producto genérico que posteriormente fue adaptado a las necesidades institucionales, circunstancia que, según la Personería, debilitaba la tesis de exclusividad utilizada para evitar un proceso competitivo de selección.
Las razones del fallo disciplinario
El ente de control concluyó que los estudios previos suscritos por Carmen Patricia Caicedo no incluyeron una justificación jurídica suficiente para acudir a la modalidad de contratación directa.
Adicionalmente, la Personería consideró acreditado que algunos de los argumentos utilizados para respaldar la inexistencia de pluralidad de oferentes carecían de soporte al momento de elaborarse los documentos precontractuales.
Para el organismo disciplinario, estas actuaciones afectaron principios fundamentales de la contratación estatal como la transparencia, la selección objetiva, la moralidad administrativa y la libre concurrencia de oferentes.
La decisión sostiene que otros posibles proveedores pudieron haber participado en el proceso si se hubiera permitido una competencia abierta en lugar de acudir a una contratación directa.
¿Podría afectar su llegada al senado?
El fallo llega en un momento especialmente sensible para la dirigente samaria, quien fue elegida para ocupar una curul en el Senado de la República y se encuentra a pocas semanas de iniciar funciones.
Aunque la sanción aún no se encuentra ejecutoriada y la defensa cuenta con recursos para controvertirla, el caso ya genera repercusiones políticas y jurídicas debido al impacto que podría tener una eventual confirmación de la decisión en segunda instancia.
Mientras la defensa insiste en que la actuación se ajustó a la ley y ha solicitado la absolución de la exfuncionaria, la Personería sostiene que las pruebas recaudadas permiten concluir la existencia de una falta disciplinaria cometida a título de culpa gravísima.
PROCESO CARMEN
Por ahora, el futuro inmediato de Carmen Patricia Caicedo permanece bajo observación. A las puertas de su llegada al Congreso, una investigación nacida de un contrato por más de 159 millones de pesos sigue proyectando incertidumbre sobre el inicio de su nueva etapa política.
