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La gerente lo negó, pero la foto la desmiente: equipo del hospital de Nueva Granada habría abandonado pacientes para hacer campaña a Carlos Caicedo en Bogotá

La gerente lo negó, pero la foto la desmiente: equipo del hospital de Nueva Granada habría abandonado pacientes para hacer campaña a Carlos Caicedo en Bogotá

Lo que comenzó como una negativa tajante terminó convertido en un escándalo de grandes proporciones.


 

La gerente del hospital de Nueva Granada, Magdalena, Graciela Hoyos, aseguró que era “rotundamente falso” que personal médico y contratistas hubieran sido enviados a Bogotá a hacer campaña política a favor de Carlos Caicedo y las listas de Fuerza Ciudadana al Congreso.


 

Sin embargo, horas después, la versión dio un giro de 180 grados. A este medio llegó una fotografía que, según la denuncia recibida, evidenciaría la presencia de funcionarios y contratistas del hospital en la capital del país participando en actividades proselitistas, mientras en el municipio —según los denunciantes— el centro asistencial quedaba prácticamente desprovisto de personal.


 

De acuerdo con la información entregada, serían siete contratistas vinculados al hospital quienes habrían viajado a Bogotá, desempeñando distintos cargos dentro de la institución, entre ellos: David Contreras, del área de vacunación; María Parra, de Equipos Básicos; Jaider Fontalvo, también de Equipos Básicos; Jamenson Díaz, con funciones como conserje en el colegio IED Nueva Granada; y Daniel Rodríguez, conserje en el hospital. La situación ha generado indignación en la comunidad, que denuncia un presunto abandono del servicio de salud en plena contienda política.

 

Ambulancias, a cambio de votos 
 

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Las acusaciones apuntan a una presunta instrumentalización política de recursos públicos y personal del sector salud, no solo en Nueva Granada, sino —según las fuentes— en otros hospitales del Magdalena.


 

Mientras la gerente negó inicialmente cualquier traslado con fines políticos, la nueva evidencia pone en entredicho su versión y abre serios interrogantes:


 

¿Se utilizaron funcionarios y recursos de la salud pública para hacer campaña?

¿Se dejó sin atención médica a una población vulnerable por intereses electorales?


 

La comunidad exige respuestas claras y la intervención de los entes de control. Porque si la salud se convierte en herramienta política, el precio lo termina pagando —como siempre— la gente de a pie.