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El representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, lanzó una fuerte advertencia frente a los señalamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de plantas desalinizadoras para Santa Marta. El congresista respaldó las investigaciones y los controles institucionales, pero cuestionó que las controversias alrededor del proyecto puedan terminar convirtiéndose en un nuevo obstáculo para una solución que la ciudad lleva décadas esperando.
“Que se investigue y se garantice absoluta transparencia, pero esperamos que estos señalamientos no terminen haciendo parte de una estrategia mediática para desacreditar al Gobierno saliente. Una controversia política no puede poner en riesgo proyectos estratégicos ni hacer que los samarios sigan pagando con más retrasos una crisis histórica”, sostuvo Hernández.
El congresista recordó que Santa Marta ha atravesado durante décadas distintas propuestas para resolver el déficit de agua potable, entre ellas la captación de los ríos Toribio y Córdoba, el traslado de agua desde el río Magdalena, una APP para el sistema de acueducto y posteriormente alternativas con los ríos Guachaca y Buritaca. Sin embargo, ninguna logró consolidarse como una solución definitiva. Según Hernández, durante el Gobierno de Gustavo Petro se logró avanzar hacia una alternativa estructural mediante la priorización nacional del proyecto y la asignación de recursos superiores a los $786.000 millones, en el marco del CONPES 4159.
“Después de décadas de promesas, Petro dejó recursos y una solución encaminada. Ese avance no puede echarse atrás por diferencias políticas o ideológicas”, afirmó el representante, quien pidió al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella garantizar la continuidad del proyecto y evitar que Santa Marta tenga que comenzar nuevamente el largo recorrido institucional que ha acompañado cada intento de solucionar su crisis de agua.
Hernández también recordó que, de acuerdo con las precisiones entregadas por ESSMAR, actualmente no existe una licitación, adjudicación ni contrato para la construcción de las plantas desalinizadoras, y que la actuación cuestionada correspondió a una solicitud de ofertas no vinculantes que no habría generado compromisos contractuales. Por eso, pidió que cualquier eventual irregularidad sea esclarecida por las autoridades competentes, pero insistió en que las investigaciones deben avanzar sin paralizar el proyecto.
“El agua de Santa Marta no tiene color político. Esta no es una solución para un gobierno ni para un partido: es una solución para los samarios. Al nuevo Gobierno le corresponde construir sobre lo avanzado, garantizar los controles y ejecutar con transparencia. Santa Marta no merece volver a empezar de cero”, concluyó Hernández.
