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La remodelación del Coliseo Gaira, concebida como una de las obras emblemáticas para los XVIII Juegos Bolivarianos en Santa Marta, terminó envuelta en cuestionamientos por presuntas irregularidades contractuales y sobrecostos.
Lo que comenzó con un presupuesto inicial de $2.682 millones de pesos, terminó costando $4.022 millones, una diferencia significativa que despertó la alerta de los entes de control como la fiscalía.
Más allá del aumento presupuestal, el proyecto dejó evidencias de fallas graves en su ejecución.
Uno de los hechos más preocupantes fue el levantamiento del piso del escenario, lo cual puso en entredicho la calidad de la obra y la responsabilidad de los funcionarios que la supervisaron y contrataron. Esto llevó a que la fiscalía general de la Nación iniciara una investigación formal contra el exgobernador y exalcalde Carlos Caicedo, buscando esclarecer su rol y posibles omisiones o irregularidades en el manejo del contrato.
Pero el escándalo no se detiene allí. La Procuraduría también sancionó en primera instancia a la exalcaldesa Virna Johnson, por supuestamente no haber actuado con el debido rigor a la hora de establecer los criterios técnicos y jurídicos para la selección del contratista. La sanción fue catalogada como falta gravísima, lo que evidencia la magnitud de las anomalías detectadas por el órgano de control disciplinario.
El caso tomó un giro inesperado el pasado 7 de mayo de 2025, cuando la audiencia programada para avanzar en el proceso judicial contra Caicedo fue suspendida. El fiscal del caso, Jorge Velásquez Niño, decidió retirar el escrito de acusación. Aunque oficialmente no se han explicado las razones, esto podría significar una preclusión, una corrección del proceso o incluso un refuerzo de los argumentos de la Fiscalía. Ante esa incertidumbre, el representante de las víctimas, Juan Vicente Valbuena, anunció que pedirá una explicación detallada de los motivos que llevaron al ente acusador a tomar esa decisión.
Lo cierto es que este episodio deja más interrogantes que respuestas. El futuro judicial de Carlos Caicedo continúa siendo incierto, y la ciudadanía aún espera que se esclarezca si hubo o no responsables por los sobrecostos y las fallas en una obra que debió ser símbolo de desarrollo, pero terminó como emblema de la desconfianza institucional.
