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La exclusión de al menos 2.000 abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua desató fuertes críticas de organismos internacionales. El experto de la ONU Reed Bródy calificó la medida como un nuevo golpe contra las libertades y aseguró que deja a miles de juristas sin posibilidad de ejercer su profesión.
Según Bródy, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, los abogados fueron eliminados del sistema judicial sin previo aviso, sin conocer las razones y sin contar con un proceso que les permitiera defenderse. El especialista afirmó que esta decisión se suma al cierre de organizaciones, universidades, medios de comunicación e iglesias en ese país.
Entre los afectados está la abogada Martha Patricia Molina, quien denunció que descubrió su exclusión al revisar el sistema de la Corte Suprema y que, pese a solicitar explicaciones por correo electrónico, nunca obtuvo una respuesta de las autoridades.
Hasta el momento, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha explicado las razones de la medida. Organismos de derechos humanos advierten que la decisión representa un nuevo episodio de restricción a las garantías judiciales y al ejercicio independiente de la abogacía en Nicaragua.
