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La que durante años fue considerada una de las mujeres más poderosas y cercanas al expresidente Gustavo Petro ahora enfrenta formalmente a la justicia. Este lunes 14 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías la imputación de cargos contra Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, exdirectora del Dapre y exembajadora de Colombia en el Reino Unido, por hechos relacionados con el polémico caso de su exniñera Marelbys Meza.
La Fiscalía le atribuye abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado, delitos relacionados con el procedimiento mediante el cual Meza fue sometida a una prueba de polígrafo en enero de 2023, después de la desaparición de un maletín con dinero del apartamento de Sarabia. La investigación sostiene que la entonces funcionaria habría tenido un papel determinante en la realización del procedimiento utilizando recursos y funcionarios del Estado para esclarecer un asunto de carácter personal.
El caso terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos que golpearon al Gobierno Petro. A la prueba de polígrafo se sumaron las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Marelbys Meza y de otra trabajadora, Fabiola Perea. Por estos hechos ya han sido condenados varios integrantes de la Policía, mientras otros uniformados colaboraron con la Fiscalía.
Uno de los elementos que tomó fuerza dentro de la investigación fue la colaboración del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien habría entregado información a la Fiscalía sobre la participación de Sarabia en la decisión de someter a Meza al polígrafo. Según la información publicada sobre el expediente, el oficial se comprometió a declarar que la entonces funcionaria impartió instrucciones relacionadas con la realización de la prueba.
La imputación representa un nuevo capítulo para quien llegó a ocupar algunos de los cargos más importantes del Estado y fue durante años una de las personas más cercanas al entonces presidente Gustavo Petro. Sarabia y su defensa han manifestado que no aceptarían los cargos y que enfrentarán el proceso judicial.
Por ahora, la imputación no significa una condena: será la justicia la encargada de determinar, durante el desarrollo del proceso, si existe responsabilidad penal de la exfuncionaria.
