Español
Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), deberá cumplir una condena de tres años y siete meses de prisión por su participación en el escándalo de corrupción relacionado con la contratación irregular de carrotanques en La Guajira.
Aunque ya aceptó cargos, Barreto ahora busca acogerse a un principio de oportunidad por hechos adicionales del mismo caso, y como parte de su propuesta de reparación simbólica, se ofreció a capacitar a comunidades indígenas afectadas.
De acuerdo con el informe que se presentará ante un magistrado para su legalización, Barreto proporcionaría orientación territorial a tres comunidades indígenas de La Guajira: Pororú-sector Murujuy, Nación Wayuu - Junta de Acción Comunal Los Mereneros, junto con una tercera comunidad todavía no identificada. Las formaciones se enfocarán en iniciativas de producción, tratamiento del agua potable, gestión de desechos sólidos y energías renovables como la solar y eólica.
El exmandatario impartiría sesiones durante un total de 120 horas, de manera directa en las regiones, y elaboraría recursos didácticos como cartillas, vídeos y manuales prácticos. Además, respaldaría a las comunidades en la creación de documentos para exponer sus proyectos a las autoridades correspondientes. De acuerdo con el documento oficial, Barreto manifestó su anhelo de "indemnizar simbólicamente" a las víctimas.
La propuesta ha generado debate en distintos sectores, pero ha sido bien valorada por expertos en justicia restaurativa. El abogado penalista Francisco Bernate señaló que este tipo de mecanismos representan un avance en el sistema penal colombiano. “Ya no se trata solo de devolver el dinero robado, sino de pedir perdón y comprometerse con la comunidad afectada. Es una forma de justicia que va más allá de la sanción económica”, dijo.
Barreto, por su parte, ofreció disculpas públicas y reafirmó su compromiso de no volver a incurrir en conductas que afecten el interés público. La última palabra la tendrá un juez, quien deberá determinar si aprueba o no la legalización del principio de oportunidad bajo estas condiciones. Mientras tanto, el país sigue atento al desarrollo de uno de los casos de corrupción más indignantes de los últimos años.
