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Alrededor de 300 familias cafeteras de Palmor de la Sierra denunciaron que las actuaciones del Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estarían generando un conflicto social entre campesinos e indígenas y poniendo en riesgo su permanencia en el territorio.
Los productores aseguran que las decisiones relacionadas con los procesos de restitución de tierras y reforma agraria han afectado a familias que llevan entre 50 y 80 años cultivando café en la Sierra Nevada de Santa Marta.
A través de un comunicado firmado por 151 productores, los campesinos rechazaron ser catalogados como “despojadores” y afirmaron que son tenedores de buena fe y víctimas del abandono estatal.
Entre las principales denuncias, señalaron que algunos funcionarios de la URT los han estigmatizado, situación que, según indican, podría ponerlos en riesgo debido a la presencia de grupos armados en la región.
Asimismo, manifestaron que las medidas cautelares y los procesos judiciales han afectado el acceso a créditos, la asistencia técnica y la comercialización del café, impactando las cosechas de los últimos años.
Los productores también advirtieron que las demandas de restitución podrían derivar en desplazamientos por vía judicial y aseguraron que no se estaría aplicando el principio de buena fe exenta de culpa contemplado por la jurisprudencia colombiana.
En el documento, solicitaron al nuevo Gobierno revisar las actuaciones del Ministerio de Agricultura, la URT y la ANT, además de adelantar investigaciones disciplinarias y penales contra funcionarios que, según ellos, habrían vulnerado sus derechos.
De manera particular, pidieron investigar al director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, José Humberto Torres Díaz, a quien acusan de actuar de manera parcial frente a las comunidades indígenas y de desconocer las afectaciones que enfrentan los campesinos.
Finalmente, hicieron un llamado a la Asamblea del Magdalena y a los congresistas del departamento para promover debates de control político y revisar la situación territorial en la Sierra Nevada.
“No somos delincuentes, somos cafeteros”, expresaron los voceros, quienes reiteraron que generan empleo y contribuyen al desarrollo económico de la región, al tiempo que advirtieron que continuarán defendiendo sus predios ante cualquier intento de desplazamiento que, según sostienen, desconoce su permanencia histórica en el territorio.
