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Una denuncia pública realizada por la congresista Katherine Juvinao puso nuevamente bajo la lupa un contrato suscrito en 2021 por la Gobernación del Magdalena, durante la administración de Carlos Caicedo, cuyo objeto era —según se informó— enseñar japonés a niños de zonas vulnerables del departamento que, en muchos casos, ni siquiera dominan plenamente el español. La parlamentaria cuestionó la pertinencia y el alcance real de la iniciativa, señalando que el proceso vuelve a despertar dudas por presuntas irregularidades en su adjudicación.
De acuerdo con los señalamientos conocidos, la licitación habría contado con un único oferente y con condiciones que, presuntamente, se ajustaban de manera específica a ese proponente. A esto se suman cambios reiterados en los plazos y en aspectos contractuales que, según críticos del proceso, podrían evidenciar un direccionamiento previo del contrato. Estos elementos han encendido alertas sobre la transparencia y la planeación del convenio.
La ejecución del contrato se habría desarrollado con la Fundación San José en articulación con la Universidad del Magdalena. El caso genera mayor controversia debido a antecedentes que han rodeado a la fundación, entre ellos el episodio relacionado con Juliana Guerrero, en el que se mencionó la expedición de una presunta certificación de estudios falsa. Para algunos sectores, este antecedente debió ser motivo suficiente para extremar los filtros de idoneidad antes de comprometer recursos públicos.
Queda pendiente establecer, además, la efectividad real del contrato: cuántos niños fueron beneficiados, cuál fue el impacto académico y si se cumplieron las metas pactadas. Una revisión detallada en el SECOP, así como en los informes de supervisión e interventoría, será clave para determinar si hubo cumplimiento o si, por el contrario, se estaría frente a un nuevo foco de presuntas irregularidades contractuales que ameritan investigación por parte de los entes de control.
