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Por: Duván Herazo/ columnista Informativo El Morro
En una reciente entrevista con María Jimena Duzán, el precandidato Gustavo Bolívar lanzó una advertencia clave sobre la manipulación digital en la política a través de campañas de cancelación.
Parafraseándolo: Los influencers despliegan campañas sistemáticas pagadas, por ética deberían ser transparentes y avisar cuáles de sus opiniones son publicidad política pagada (PPP).
La irrupción de los influencers ha trastocado la ortodoxia de los escenarios político-electorales tradicionales. Si bien persisten prácticas como la visita barrial o la propaganda callejera, redes sociales como Facebook, Instagram y especialmente X (antes Twitter) se han convertido en auténticas arenas políticas digitales, donde candidatos y figuras públicas interactúan en tiempo real, sin descanso.
La hiperconectividad derivada del crecimiento exponencial en el acceso a smartphones, internet y redes sociales ha generado un nuevo campo de disputa. La capacidad de interacción es enorme, y por eso, políticos de todas las orillas ideológicas libran batallas diarias para imponer sus matrices de opinión, apoyados por miles de perfiles que amplifican sus mensajes.
En paralelo, otros tantos actúan para silenciarlos, dando lugar a un terreno fértil para la ciberintolerancia. Cuando esta se organiza con táctica y ánimo de lucro, se transforma en una maquinaria de campañas digitales que buscan la destrucción política de adversarios democráticamente legítimos.
Un caso local que ilustra esta dinámica es el de Carlos Caicedo, exrector, exalcalde, exgobernador y líder de Fuerza Ciudadana. En 2023, el portal Seguimiento.co —dirigido por el opositor Polo Diazgranados— denunció la existencia de un esquema de evaluación y control sobre contratistas de la administración, quienes debían rendir cuentas no solo sobre su labor institucional, sino también por su apoyo político y presencia en redes sociales. Según esa denuncia, existía incluso un formato en Excel donde se registraba el desempeño en plataformas como Facebook, Instagram y Twitter, bajo la sigla “FIT”.
Este tipo de prácticas trascienden el caso Caicedo. Una investigación publicada por El Espectador reveló la existencia de una "tropa de influenciadores de Petro", financiada con recursos públicos y articulada para influir en el debate político rumbo a las elecciones de 2026. Esto confirma que las redes sociales se han convertido en un espacio fértil para la estrategia política tanto electoral como gubernamental.
A nivel global, tampoco se trata de un fenómeno aislado. El triunfo de Donald Trump en 2016 estuvo fuertemente influenciado por la campaña digital desplegada en plataformas como X, hoy dirigida por Elon Musk. Además, parte de la reciente tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia tuvo su origen en un cruce de opiniones entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, también a través de X.
Así las cosas, es posible afirmar que las redes de clientelismo —entendido como el intercambio de favores por apoyo político— también han migrado al ciberespacio. Hoy, las redes sociales son campos de fricción donde se libran batallas simbólicas y discursivas que moldean la opinión pública, muchas veces a partir de falacias argumentativas que, pese a su pobreza lógica, tienen un gran impacto en la llamada "psicología de masas".
En este contexto, el clientelismo FIX se convierte en una poderosa herramienta para acceder o mantenerse en el poder. Ya no solo se valoriza al candidato que gana, sino también a los perfiles que, al incrementar sus seguidores y capacidad de influencia, se transforman en piezas clave para quienes aspiran al control del aparato estatal.
