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Un nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa a la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena, esta vez por una denuncia anónima que advierte sobre presuntos actos de corrupción relacionados con el nombramiento provisional de docentes, el uso indebido del Sistema Maestro y la posible utilización de títulos académicos irregulares.
De acuerdo con un documento remitido por el Ministerio de Educación Nacional a la Secretaría de Educación del Magdalena, la denuncia fue presentada por una persona que manifestó residir en El Banco, Magdalena, y que solicitó mantener su identidad en reserva.
Según el escrito, existirían presuntas irregularidades en los procesos de nombramiento de docentes provisionales en el departamento y en otras zonas de la región Caribe, con un supuesto epicentro en Bogotá y una presunta participación de funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena.
Uno de los señalamientos más delicados apunta a que terceras personas estarían cobrando entre $12 y $15 millones de pesos para facilitar, presuntamente, el acceso a plazas docentes o realizar gestiones relacionadas con estos procesos. Esta información hace parte de una denuncia pública y no ha sido establecida judicialmente como un hecho probado.
El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educación, remitió la denuncia en octubre de 2025 a quien en ese momento se desempeñaba como secretario de Educación Departamental, Yesid González Perdomo, para que, dentro de sus competencias, se revisara la situación y se entregara una respuesta de fondo.
La comunicación cita las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, señalando que corresponde a las entidades territoriales certificadas administrar el servicio educativo y las plantas de personal docente, directivo docente y administrativo.
Pero esta denuncia no sería un hecho aislado.
Desde hace meses han surgido cuestionamientos relacionados con presuntas titulaciones irregulares utilizadas por algunos docentes para acceder a mejores condiciones salariales. Incluso, recientemente, en Ciénaga se conocieron procesos judiciales contra docentes señalados por hechos relacionados con la presunta utilización de títulos falsos, algunos de los cuales tendrían medidas restrictivas de la libertad.
La nueva denuncia vuelve a encender el debate sobre los controles que estaría ejerciendo la Secretaría de Educación para verificar la autenticidad de los títulos y documentos presentados por quienes aspiran a ocupar cargos docentes o buscan mejorar sus condiciones dentro del sistema educativo.
En el documento remitido al departamento, el Ministerio no da por comprobadas las acusaciones. Por el contrario, solicita a la autoridad competente revisar los hechos denunciados y adelantar las actuaciones que correspondan.
“No es justo que nosotros nos especialicemos y tengamos titulaciones reales para que venga otro docente y compre una plaza pública y le dé un título falso para ganar más dinero”, habría manifestado el denunciante, quien además pidió una actuación rápida de las autoridades.
La denuncia plantea así una pregunta de fondo: ¿qué controles existen para impedir que una persona acceda a un cargo público o incremente su remuneración mediante documentación académica presuntamente falsa y, eventualmente, mediante el pago de millonarias sumas a terceros?
Ahora la Secretaría de Educación Departamental deberá pronunciarse sobre la denuncia remitida por el Ministerio y determinar si existen méritos para iniciar las investigaciones administrativas y poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales, en caso de que se adviertan conductas que puedan constituir delitos.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner en el centro de la discusión la transparencia en los procesos de vinculación y remuneración de docentes en el Magdalena, especialmente ante el señalamiento de que entre $12 y $15 millones de pesos podrían estar siendo exigidos a terceros para presuntamente acceder a estos beneficios.
Las autoridades deberán establecer si detrás de estas denuncias existe realmente una estructura dedicada a la comercialización de plazas, títulos o trámites dentro del sistema educativo, o si se trata de acusaciones que no logran ser sustentadas con pruebas.
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