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La subasta del inmueble conocido como Titos Bolos, en Barranquilla, no solo ha reactivado el interés de inversionistas, sino también un intenso debate en redes sociales sobre su uso actual y las condiciones en las que ha sido ocupado durante los últimos años.
El inmueble, administrado por Activos por Colombia, hace parte de un proceso de recuperación liderado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras evidenciarse incumplimientos sostenidos en contratos de arrendamiento suscritos en distintos años.
Dentro de este panorama, uno de los puntos que más ha generado conversación es la ocupación actual de cuatro de los cinco locales por parte de una organización religiosa, en el marco de contratos de arrendamiento que no han generado pago desde marzo de 2020 y que actualmente se encuentran en mora.
Este no es un caso aislado. En marzo de 2024, uno de los espacios del inmueble fue recuperado mediante proceso de restitución, y actualmente continúan en curso las acciones judicialescorrespondientes para la recuperación total del activo.
Frente a versiones difundidas recientemente, la SAE fue enfática en aclarar que no existe contrato de comodato vigente sobre el inmueble.
“No hay ningún comodato sobre este bien. Los contratos que existen son de arrendamiento y presentan incumplimientos claros en el pago de las obligaciones”, señaló Omar Casas Hernández, Depositario Provisional con Funciones de Liquidador, quien funge como Representante Legal de la sociedad Promocon, propietaria del inmueble en mención.
Desde la entidad se adelantan actualmente procesos de restitución por las vías judicial y administrativa, así como acciones de cobro, con el objetivo de recuperar el activo y garantizar su uso conforme a la ley.
“Este tipo de procesos reflejan el compromiso con la recuperación efectiva de los activos, su correcta administración y la generación de oportunidades para nuevos inversionistas en condiciones claras y seguras”, afirmó Abraham Katime, gerente general de Activos por Colombia.
El caso también ha puesto sobre la mesa una discusión más amplia. Si bien la Constitución Política de 1991 reconoce la libertad de cultos, también establece que todas las organizaciones deben cumplir con sus deberes legales y contractuales.
En ese sentido, ninguna entidad puede mantener la ocupación de un bien del Estado bajo figuras que no corresponden a la realidad jurídica del contrato o en condiciones de incumplimiento.
Mientras tanto, en redes sociales las opiniones están divididas. Algunos usuarios cuestionan la legalidad de la ocupación, mientras otros plantean debates sobre el acceso de organizaciones religiosas a este tipo de espacios.
En medio de la conversación, hay una claridad institucional: el inmueble no está en discusión desde lo espiritual, sino desde lo jurídico y lo económico. Se trata de un activo del Estado, con contratos vigentes y procesos legales en curso.
La subasta, que se realizará los días 27 y 28 de abril a través de la plataforma ActiBID, sigue en firme como una oportunidad para reactivar este espacio y proyectarlo hacia nuevos usos que aporten al desarrollo de la ciudad.
Este debate se da justo después de Semana Santa, evidenciando cómo una conversación que parte de la fe también aterriza en un principio fundamental:
“Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.
