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Por: Shirlis Melgarejo/ Periodista Informativo El Morro
Una investigación periodística de Opinión Caribe, realizada por el periodista José David Pacheco Martínez, reveló una serie de presuntas irregularidades en la ejecución del contrato tecnológico del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Santa Marta, por el cual se desembolsaron $21.818 millones, pese a que el sistema nunca entró en operación. El caso ya es objeto de actuaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Sociedades.
De acuerdo con la investigación, un peritaje técnico liderado por el ingeniero electrónico Valerio Quintero Arboleda encontró múltiples fallas en los equipos instalados en los buses.
Entre los hallazgos se reportan baterías de motocicleta utilizadas para alimentar el sistema, conexiones eléctricas que presuntamente incumplen el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), riesgos de incendio y la ausencia de los validadores EMV contemplados en el contrato para el recaudo electrónico.
El informe también señala que, aunque el proyecto contemplaba la instalación de cerca de 520 validadores EMV, durante la inspección solo fue ubicado uno, el cual permanecía en exhibición en las instalaciones del SETP. En los buses, según el peritaje, fueron encontrados equipos de otra marca que no serían compatibles con la plataforma contratada, lo que impediría el funcionamiento del sistema de recaudo y pondría en riesgo la inversión realizada.
En el componente jurídico, la investigación sostiene que Extech S.A.S., sociedad de economía mixta creada para operar el recaudo del SETP, habría sido constituida sin la autorización previa del Concejo Distrital, requisito establecido en la Constitución para este tipo de sociedades. Con base en ese argumento, la actual gerente del SETP, Sandra Britto Linero, declaró la nulidad absoluta del contrato y ordenó iniciar su proceso de liquidación.
Asimismo, el trabajo periodístico revela que entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 la gerente presentó varias denuncias ante diferentes organismos de control para que se investiguen posibles delitos como falsedad en documento público, prevaricato, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Entre las personas mencionadas en las actuaciones figuran exfuncionarios del SETP, contratistas y representantes de empresas vinculadas al proyecto.
Ahora serán la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Sociedades las encargadas de establecer si existieron responsabilidades penales, disciplinarias, fiscales o administrativas en torno a un proyecto que fue presentado como la modernización tecnológica del transporte público de Santa Marta y que, según la investigación de Opinión Caribe, terminó convertido en un millonario fracaso.
