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Por: Coolin Camargo/periodista Informativo El Morro
La ejecución de proyectos clave para el desarrollo del Magdalena se ha convertido en el centro de una disputa política entre la Gobernación y la Asamblea Departamental. La administración del gobernador Rafael Martínez presentó recientemente un proyecto de adición al Presupuesto General de 2025, argumentando que los recursos son indispensables para financiar 54 programas de infraestructura, educación, salud y vías. No obstante, Martínez ha acusado a la Asamblea de frenar la aprobación del presupuesto, lo que, según él, ha paralizado obras esenciales para la región.
Sin embargo, la mayoría de la Duma ha respondido con críticas a la gestión del gobernador, cuestionando la falta de diligencia en la radicación de los proyectos. Señalan que, si eran de urgencia, ¿por qué no utilizó sus facultades para convocar sesiones extraordinarias en diciembre, enero o febrero? En lugar de ello, esperó hasta el inicio de las sesiones ordinarias en marzo, lo que pone en duda la verdadera prioridad de estas iniciativas.
Además, este enfrentamiento no solo refleja una disputa presupuestaria, sino una lucha por el control político de la Asamblea. Las diputadas Ángela Cedeño, Martha García, Mallath Martínez y Candy Sánchez han denunciado la injerencia de sectores cercanos al gobernador en el funcionamiento de la corporación, mientras que los seguidores de Martínez aseguran que hay una intención de obstaculizar su gobierno.
En medio de este enfrentamiento, los grandes perjudicados siguen siendo los ciudadanos del Magdalena, que ven cómo la falta de compromiso y coordinación entre sus mandatarios se traduce en retrasos en infraestructura, educación y salud. Mientras la Gobernación y la Asamblea se señalan mutuamente, los proyectos siguen sin ejecutarse y las necesidades del departamento continúan desatendidas.
