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En medio de un panorama crítico de seguridad en la Zona Bananera, donde los hechos de extorsión, homicidios y violencia siguen marcando la cotidianidad de sus habitantes, el actual secretario de Seguridad, Héctor Zuleta, parece tener la mirada puesta en otro territorio: Ciénaga. Su reciente anuncio sobre la instalación de 60 circuitos de cámaras en ese municipio ha despertado fuertes cuestionamientos, no solo por la pertinencia de la iniciativa, sino por el lugar en el que decide enfocarla.
La preocupación crece al contrastar este anuncio con la realidad de la Zona Bananera, jurisdicción donde Zuleta sí tiene responsabilidad directa, pero donde no se evidencian medidas de impacto similares. Mientras la criminalidad continúa golpeando sin tregua, la ausencia de estrategias contundentes deja en entredicho la prioridad de su gestión, generando críticas sobre un aparente abandono institucional en uno de los territorios más golpeados por la inseguridad.
Pero el escepticismo no surge únicamente por el contexto actual. La memoria también pesa. Durante su paso como secretario de Gobierno en la administración de Luis Alberto Tete Samper, en Ciénaga, Zuleta promovió un ambicioso proyecto de 124 cámaras de vigilancia que prometía revolucionar la seguridad local, con respaldo incluso del Gobierno Nacional. Aquella iniciativa, vendida como una solución estructural —“124 policías en las calles”—, terminó diluyéndose con el tiempo sin resultados claros ni cumplimiento verificable.
Hoy, con un nuevo anuncio que reduce la cifra a 60 circuitos, las dudas son inevitables. Si el proyecto anterior, de mayor alcance, nunca se materializó, ¿qué garantías existen de que esta vez será diferente? Más aún cuando se trata de un municipio donde Zuleta no tiene injerencia administrativa ni política directa, lo que abre interrogantes sobre los intereses detrás de esta apuesta.
El cuestionamiento de fondo es inevitable: ¿por qué enfocar esfuerzos en Ciénaga mientras la Zona Bananera sigue sumida en una crisis de seguridad? La decisión no solo genera ruido, sino que alimenta la percepción de una gestión desconectada de las verdaderas urgencias del territorio que está llamado a proteger. Esta vez, aunque ya se habla de cámaras instaladas, queda en el aire si se trata de una solución real o de otro anuncio que, como en el pasado, podría quedarse a medio camino.
