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Ante la crisis que atraviesan miles de colombianos tras el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, la Superintendencia de la Economía Solidaria anunció un nuevo modelo que busca cambiar las reglas para quienes quedaron por fuera del sistema financiero y hoy no encuentran cómo volver a acceder a crédito.
Se trata del lanzamiento de un scoring alternativo para crédito asociativo, una herramienta con la que las cooperativas podrán dejar de mirar únicamente el historial individual de una persona y empezar a evaluar la viabilidad real de un proyecto productivo. El cambio apunta de manera directa a la economía popular y al crédito de carácter asociativo, especialmente en sectores que históricamente han tenido mayores barreras para financiarse.
La apuesta de la entidad parte de una premisa de fondo: la exclusión financiera no siempre obedece a falta de capacidad de la gente, sino a que las herramientas tradicionales de evaluación no logran leer la realidad de quienes producen, trabajan en colectivo o emprenden desde condiciones más frágiles.
“Esto es un impulso a la base de la pirámide y la economía popular, pues el análisis deja de centrarse en el productor individual para trasladarse a la viabilidad integral del proyecto productivo asociativo”, señaló María José Navarro, superintendente de la Economía Solidaria.
La relevancia de esta medida cobra aún más fuerza al tener en cuenta que el 85% de los asociados de las cooperativas de ahorro y crédito pertenece a los estratos 1, 2 y 3, justamente los sectores que más han sufrido las dificultades de acceso a financiación. Para muchas de estas personas, la falta de garantías tradicionales y las dificultades para demostrar capacidad financiera individual han terminado cerrándoles la puerta del crédito, aun cuando hacen parte de iniciativas productivas con potencial real.
Con este nuevo modelo, las cooperativas podrán valorar la capacidad de pago proyectada a partir de flujos de caja esperados como cosechas o ventas futuras, en lugar de depender exclusivamente de ingresos pasados. También podrán reconocer que la principal garantía está en el mismo proyecto productivo, y asumir como sujeto de crédito a la asociación, al grupo productivo o a la unidad económica compartida.
En un país donde el acceso al crédito ha funcionado históricamente como un privilegio y no como un derecho, esta decisión reconoce algo que el sistema financiero tradicional lleva décadas ignorando: que quien trabaja en colectivo, siembra, produce y emprende desde abajo también tiene con qué responder.
