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La Veeduría Ciudadana Juntos por Ciénaga la cual representa la médico Nancy Núñez,pidió investigar al alcalde Luis Fernández Quinto por presuntas omisiones en la vigilancia del contrato de acueducto, alcantarillado y aseo, el no pago de subsidios al operador y una posible estrategia para trasladar servicios actualmente concesionados a OPSS.
Una queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría Regional del Magdalena por la Veeduría Ciudadana Juntos por Ciénaga pone bajo la lupa la gestión de la Alcaldía de Ciénaga frente a la crisis de los servicios públicos y al contrato de concesión que desde el año 2000 mantiene con Operadores de Servicios de la Sierra (OPSS).
El documento sostiene que el deterioro no apareció de manera repentina. Según la veeduría, desde aproximadamente 2021 se vienen registrando reboses de aguas residuales en distintos sectores, inicialmente asociados con temporadas de lluvia, pero que posteriormente comenzaron a presentarse incluso en tiempo seco. La queja señala que la situación se habría agravado durante la actual administración.
El punto más crítico llegó el 21 de julio de 2026 , cuando colapsó la EBAR Carreño, ocasionando el desbordamiento de aguas residuales y afectaciones que, de acuerdo con lo consignado en la tutela y en la queja, alcanzaron a más del 70 % del casco urbano. La veeduría sostiene que el episodio no fue un hecho aislado, pues existían alertas previas sobre los reboses y el deterioro del sistema.
Uno de los elementos que la queja considera más relevantes es que, en febrero de este año, la Superintendencia de Servicios Públicos informó que, al revisar sus expedientes del operador correspondientes a 2024-2026, no encontró comunicaciones de la Alcaldía relacionadas con el contrato, informes de supervisión o interventoría, ni reportes de riesgos, incumplimientos o alertas sobre la prestación del servicio .
La crisis también se extiende al suministro de agua potable. El documento señala que sectores de la periferia y el corregimiento de Cordobita han llegado a permanecer dos y hasta tres semanas sin agua . Históricamente, explica la veeduría, los problemas de presión podían ser atendidos mediante una turbina, pero actualmente las interrupciones serían más prolongadas. La situación ha provocado protestas y bloqueos de vías, incluida la línea férrea, ante la ausencia de un plan de contingencia que, según la denuncia, debería ser verificado por las autoridades.
A esto se suma el cuestionamiento al servicio de aseo, sobre el cual la veeduría reporta fallas recurrentes de cobertura, frecuencia y calidad, aunque reconoce que corresponde a los organismos competentes verificar técnicamente la magnitud de estas deficiencias.
El contrato y la deuda con el operador
Otro de los capítulos de la denuncia apunta al supuesto incumplimiento del Municipio en el pago de los subsidios correspondientes a OPSS. El documento sostiene que esta situación habría incidido en la ejecución del plan de inversiones y solicita que se verifique documentalmente la obligación y sus efectos sobre el contrato. La queja también remite a declaraciones públicas del propio alcalde sobre las obligaciones económicas con el operador.
La veeduría plantea además que deben revisarse las condiciones económicas del contrato, las obligaciones de cada parte, los pagos pendientes, las inversiones y los eventuales intereses derivados de las obligaciones contractuales, aspectos que deberán ser determinados con los documentos originales del contrato y su ejecución.
¿Busca la Alcaldía reemplazar a OPSS?
Uno de los cuestionamientos más delicados de la queja es la hipótesis de que la Administración estaría buscando trasladar progresivamente a entidades municipales actividades que actualmente están en manos de OPSS.
El documento identifica varios mecanismos que, según la veeduría, apuntarían en esa dirección: el proyecto para crear una empresa municipal de servicios públicos; modificaciones planteadas mediante el POT que tendrían incidencia sobre la concesión; la inclusión de recursos públicos para actividades que la queja considera obligaciones del concesionario; y un proyecto de Sociedad de Economía Mixta cuyo objeto incluye actividades que podrían coincidir materialmente con componentes del servicio de aseo.
En particular, el Programa de Ejecución del POT contempla $565.708 millones en recursos municipales para obras, programas y actividades relacionadas con materias que, según la denuncia, estarían dentro de las obligaciones de OPSS. La veeduría ya presentó una denuncia fiscal ante la Contraloría Departamental por este asunto.
La propia queja aclara que no da por demostrado que exista un interés indebido, sino que pide investigar si la coincidencia de estas actuaciones, sumada a la crisis de los servicios y a los cuestionamientos contractuales, configura una actuación irregular.
Un problema que terminó en las vías de hecho
Para la veeduría, el deterioro de los servicios ha terminado trasladando la presión a las calles: protestas, cierres de la Troncal del Caribe y bloqueos de la vía férrea se han convertido en mecanismos utilizados por comunidades que reclaman agua potable y soluciones a los problemas de saneamiento. El expediente incorpora evidencias y publicaciones sobre varios de estos episodios.
La denuncia será ahora materia de análisis por los organismos de control, que deberán establecer qué conocía la Administración, qué medidas adoptó, qué obligaciones correspondían al operador, cuáles al Municipio y si existieron omisiones en la vigilancia del contrato.
La queja fue presentada el 21 de agosto de 2026 ante la Procuraduría Regional del Magdalena y solicita que se investiguen las actuaciones de la Administración Municipal frente a la prestación de los servicios públicos, el contrato con OPSS y las decisiones que podrían afectar su continuidad.
