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Un importante giro legal se produjo en la disputa por la preservación e intervención edilicia del histórico Instituto Técnico Industrial de Santa Marta. El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de la capital del Magdalena admitió una acción de tutela promovida por Carlos Gutiérrez, estudiante de derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina, ordenando medidas cautelares en favor del plantel de formación técnica.
La decisión judicial, proferida bajo la radicación 47001311800120260016500 el 5 de octubre de 2026, busca contrarrestar la situación de deterioro que atraviesa la edificación del colegio.
Con este fallo, el despacho ordena la intervención preventiva de manera inmediata mientras se dirime el proceso sobre el futuro institucional.
Un amparo constitucional para un hito educativo
La acción jurídica presentada en calidad de agente oficioso ampara derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, los derechos de la infancia, el trabajo en condiciones dignas, la seguridad pública y el derecho a la educación.
La medida vincula directamente a las siguientes entidades e instituciones:
Alcaldía Distrital de Santa Marta
Gobernación del Magdalena
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE)
Policía Metropolitana de Santa Marta
“Es un paso clave para la seguridad y la futura recuperación de nuestra institución", manifestó Carlos Gutiérrez, impulsor del recurso constitucional, señalando que las autoridades competentes deberán aportar los requerimientos sobre el estado actual del predio de la emblemática sede.
Preservación del patrimonio local
El Instituto Técnico Industrial ha sido durante décadas un baluarte en la formación técnica y vocacional de la región. La admisión de la tutela y la aplicación cautelar abren un espacio institucional para frenar el declive de sus instalaciones y definir un plan articulado de recuperación estructural y pedagógica entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y la comunidad educativa.
