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Una investigación del periodista samario Diego Ramírez Oyola revela cómo la extorsión dejó de ser un delito oculto para convertirse en un sistema de control en el Mercado Público de Santa Marta. Lo que debería ser un espacio de trabajo se transformó en un territorio donde comerciantes formales e informales deben pagar cuotas obligatorias para poder operar sin amenazas.
Según relatan los trabajadores, el control lo ejercen las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que imponen las llamadas “cuotas de seguridad”. En medio de disputas con el Clan del Golfo, este grupo mantiene presencia en sectores clave de la ciudad, donde la extorsión se convirtió en regla.
Los cobros varían según la actividad. Vendedores de tinto pagan cerca de 3.000 pesos diarios; los de frutas, 5.000; comerciantes de carne, 10.000; mientras que negocios más grandes pueden llegar a entregar entre 20.000 y 30.000 pesos al día. A esto se suman pagos iniciales y mensualidades que golpean con más fuerza a quienes dependen del rebusque diario.
“Si no pagas, te amenazan. Y si hablas, también”, cuenta una comerciante. El miedo se ha instalado como norma y ha frenado las denuncias, pese a la existencia de canales institucionales. En los pasillos del Mercado, la frase se repite en voz baja: pagar es la única forma de seguir trabajando.
Algunos hechos violentos han reforzado ese temor. Entre comerciantes circula la percepción de que varias muertes estarían relacionadas con la negativa a pagar extorsiones, lo que ha profundizado el silencio y la desconfianza frente a las versiones oficiales.
El fenómeno no se limita al Mercado Público. También alcanza barrios, transporte y obras de construcción, consolidando una economía ilegal basada en la intimidación. Mientras las autoridades anuncian operativos, en la práctica muchos trabajadores siguen atrapados en un sistema donde la extorsión no solo quita ingresos, sino que define la vida diaria en la ciudad.
