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Un año después de haber denunciado presuntos vínculos entre particulares y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), comerciantes y prestadores de servicios turísticos de El Rodadero y Playa Blanca aseguran que continúan siendo víctimas de extorsiones y que el miedo se ha convertido en parte de su cotidianidad.
A través de un comunicado enviado de manera clandestina por razones de seguridad, un denunciante que se identifica como defensor de derechos humanos aseguró que las exigencias económicas de estructuras criminales continúan afectando a agencias de turismo, administradores de apartamentos y otros sectores de la economía turística.
Según la denuncia, los comerciantes estarían sometidos a un presunto sistema de cobros extorsivos rotativos, mediante el cual diferentes establecimientos deben recaudar y entregar dinero siguiendo un cronograma impuesto por los delincuentes.
El denunciante puso como ejemplo el caso de una agencia de turismo que, presuntamente, tendría que recoger el dinero durante cinco semanas consecutivas, antes de que la responsabilidad pase a otros establecimientos.
Esta situación, advierte, no solo representaría una grave amenaza para la seguridad de los comerciantes, sino que también podría exponerlos a investigaciones judiciales por su eventual participación en la entrega de recursos a estructuras criminales, pese a que, según su versión, estarían actuando bajo amenazas.
DENUNCIAS QUE CUMPLEN UN AÑO SIN QUE, SEGÚN LOS COMERCIANTES, CESEN LAS EXTORSIONES
El comunicado recuerda que hace un año fueron señalados públicamente Juan Carlos Ospina y el abogado Jorge Lastra por presuntos vínculos con las ACSN. Sin embargo, las nuevas denuncias no aportan por sí mismas pruebas que permitan establecer responsabilidades penales, por lo que estos señalamientos deberán ser investigados por las autoridades competentes.
Los denunciantes sostienen que la situación se habría agravado y cuestionan la falta de resultados frente a las extorsiones que, según afirman, continúan afectando a quienes trabajan en el sector turístico.
También solicitaron a los comandantes de la Fuerza Pública implementar una rotación permanente de los cuadrantes de vigilancia, al considerar que esta medida podría contribuir a prevenir posibles situaciones de complicidad y mejorar la seguridad en la zona.
“Nos sentimos desprotegidos”, señala el comunicado, en el que los comerciantes reclaman acciones contundentes para evitar que el dinero producto de su trabajo termine en manos de organizaciones criminales.
¿QUÉ PASA CON LAS AUTORIDADES?
La denuncia también hace referencia a la presunta construcción de un sendero peatonal dentro del mar, una obra que, según el denunciante, habría desconocido disposiciones legales y ambientales.
En ese contexto, los comerciantes anunciaron que entregarán varios videos que, según afirman, servirían como evidencia de los presuntos vínculos que denuncian. El material deberá ser verificado por las autoridades y sometido a las respectivas investigaciones.
La preocupación de los denunciantes apunta a un escenario en el que las extorsiones continuarían operando en uno de los sectores turísticos más importantes de Santa Marta, mientras quienes viven del turismo aseguran sentirse abandonados.
El llamado es directo a la Policía, los organismos de inteligencia y las autoridades judiciales: investigar las denuncias, esclarecer los presuntos vínculos señalados y garantizar la seguridad de los comerciantes y prestadores de servicios turísticos de El Rodadero y Playa Blanca.
Las denuncias son graves y requieren respuestas. La persistencia de las extorsiones, de comprobarse, representaría una amenaza no solo para la economía turística, sino también para la tranquilidad de quienes trabajan diariamente en este sector.
Informativo El Morro publica estos señalamientos como denuncias de terceros. Las presuntas responsabilidades mencionadas no constituyen hechos judicialmente establecidos y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
