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La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella enfrenta uno de sus mayores golpes políticos en plena recta electoral. La Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia a Julio Enrique Acosta Bernal, exgobernador de Arauca y actual coordinador de la campaña del candidato en ese departamento, por irregularidades en un millonario contrato para la ampliación del Hospital San Vicente de Arauca.
La decisión judicial representa un duro revés para una candidatura que ha intentado posicionarse como abanderada de la legalidad y la lucha contra la corrupción. Mientras Abelardo construye su narrativa política alrededor de la mano dura y la transparencia, uno de sus principales operadores territoriales acaba de ser hallado responsable por desconocer principios fundamentales de la contratación estatal.
Según el fallo, Acosta Bernal fue condenado a 51 meses de prisión, deberá pagar una multa superior a los 20 millones de pesos y quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por más de cinco años. La Corte concluyó que el exgobernador permitió la celebración de un contrato con graves deficiencias técnicas y de planeación, relacionadas con la ampliación de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca, obra valorada en más de 7.000 millones de pesos.
La sentencia es particularmente contundente. Los magistrados determinaron que el entonces gobernador contaba con todas las herramientas y facultades para advertir las irregularidades del proceso contractual, pero aun así decidió seguir adelante con la contratación y posteriormente avaló modificaciones que profundizaron las fallas detectadas.
Entre las anomalías señaladas por la Corte figuran la ausencia de componentes esenciales para el funcionamiento de la infraestructura hospitalaria, la falta de garantías para el suministro de energía eléctrica y la omisión de requisitos técnicos indispensables para ejecutar una obra de semejante magnitud. Para el alto tribunal, estas actuaciones constituyeron una vulneración de los principios de planeación, transparencia y economía que rigen la contratación pública.
Pero el problema para la campaña de Abelardo no termina ahí. Esta no es la primera condena contra quien hoy funge como uno de sus coordinadores políticos. En 2023, la misma Corte Suprema ya había condenado a Acosta Bernal a 75 meses de prisión por otro caso relacionado con contratación irregular durante su administración como gobernador.
El episodio abre interrogantes inevitables sobre los filtros éticos y políticos dentro de la campaña presidencial. Si el proyecto político de Abelardo de la Espriella se presenta como una alternativa para combatir la corrupción, la presencia de dirigentes condenados por la justicia en cargos estratégicos de coordinación territorial plantea serias contradicciones frente al discurso que promueve ante los colombianos.
La condena no vincula penalmente al candidato presidencial. Sin embargo, sí deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿cómo puede sostenerse una bandera anticorrupción cuando uno de sus principales hombres en las regiones acumula condenas precisamente por violar las normas de la contratación pública?
La justicia ya habló. Ahora le corresponde a la campaña de Abelardo explicar por qué uno de sus principales alfiles políticos terminó convertido en símbolo de aquello que asegura combatir.
