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La Contraloría Departamental inició un proceso administrativo sancionatorio en el municipio de Fundación tras detectar presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos de infraestructura que comprometerían más de $15.000 millones, a partir de denuncias de concejales sobre fallas en la gestión administrativa y financiera de obras clave.
Según los cabildantes —entre ellos Luis Armando Blanco, Emel Yaruro,Diana Salcedo, Maura De Vega, Joaquín De la Cruz, Bladimir Montero, Luz Helena Acevedo, Fabián Valencia y Carlos Arévalo quienes fueron los que hicieron la denuncia ante el órgano de control aseguraron que , pese a haberse entregado anticipos cercanos al 40%, el avance físico sería mínimo o inexistente en proyectos como la calle principal de Santa Rosa, la vía hacia Valledupar y el corredor hacia Pivijay. Las alertas se concentran en el convenio CD-CO-001-2025 y los contratos 375 y 385 de 2025, ejecutados por el Fondo Mixto Sierra Nevada, cuya selección también ha sido cuestionada, en medio de inconsistencias en SECOP II, eliminación de la fiducia como mecanismo de control y falta de respuesta de la Alcaldía a requerimientos oficiales, lo que derivó en el proceso por presunta obstrucción al control fiscal.
Por ello,la Contraloría adelanta una Actuación Especial de Fiscalización (AEF) para verificar en terreno la ejecución de los recursos, especialmente los más de $5.800 millones entregados como anticipos.
En el marco de la estrategia “Ruta 100”, el ente de control solicitó información tanto a la Alcaldía como al Fondo Mixto, encontrando respuestas fragmentadas: el ejecutor respondió de forma independiente y la administración municipal, al parecer, no presentó una respuesta consolidada, lo que impidió validar la trazabilidad de la información evidenciando fallas en la coordinación institucional .
El informe también advierte posibles vacíos contractuales por inconsistencias en fechas de terminación y reinicio de obras, así como deficiencias en la supervisión técnica, que no permite establecer con claridad la relación entre el avance físico y los recursos ejecutados. Ante esta situación , la Contraloría concluyó que el análisis documental es insuficiente y que existen condiciones objetivas para escalar el caso a una investigación de fondo.
Un proceso en curso
El caso entra ahora en una fase de verificación técnica y jurídica que será clave para establecer responsabilidades. Los resultados de la investigación se esperan en un plazo aproximado de seis meses, en medio de un escenario político y administrativo que exige claridad, pero también rigor en las conclusiones.
Más allá de las posiciones encontradas, el punto crítico aquí no es solo la presunta irregularidad, sino la capacidad institucional de probarla o desvirtuarla con evidencia sólida. En este caso, incluso la propia Contraloría admite que aún no puede afirmar si hubo detrimento, pero sí deja claro que el nivel de incertidumbre administrativa y técnica es suficientemente alto como para justificar una investigación de fondo. Ese será, en última instancia, el verdadero examen tanto para los denunciantes como para la administración municipal.
