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En la mañana de este martes 26 de agosto, a las 8:00 a.m., los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron una ponencia explosiva: según su análisis, la campaña Petro Presidente 2022 sí violó los topes de gastos electorales y, además, proponen sanciones económicas contra varios de sus responsables, entre ellos Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de campaña del hoy jefe de Estado.
Según la información disponible hasta el momento, la ponencia sostiene que los gastos de la actual campaña presidencial sobrepasaron en más de 3.500 millones de pesos los límites establecidos, contabilizando los recursos reportados en las dos rondas presidenciales. Los magistrados sugieren, además de multas monetarias para los líderes de campaña, sanciones económicas para las agrupaciones Unión Patriótica y Colombia Humana que respaldaron la postulación.
En el caso de Ricardo Roa, el documento plantea una sanción cercana a los 4.000 millones de pesos, que se dividirían entre devoluciones y pagos adicionales. La ponencia no contempla sanciones políticas inmediatas, pero sí castigos económicos que, de ser acogidos, impactarían directamente a quienes lideraron la estrategia electoral de Petro.
¿Qué sigue en el proceso?
La ponencia deberá ser discutida en la Sala Plena del CNE, donde se necesita el respaldo de al menos 6 de los 9 magistrados para que la decisión tenga carácter vinculante. Actualmente, el Pacto Histórico cuenta con el respaldo de los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Altus Baquero, aunque la magistrada Alba Velásquez fue apartada del proceso por haber actuado como testigo electoral durante la campaña presidencial.
El antecedente de la Corte Constitucional
Cabe recordar que, en abril de este año, la Corte Constitucional ordenó suspender provisionalmente la investigación del CNE contra el presidente Gustavo Petro, específicamente en lo relacionado con la presunta financiación irregular de su campaña. Sin embargo, el organismo electoral aclaró que la decisión no afectaba el proceso contra los demás responsables.
De esta forma, el CNE mantiene activa la investigación contra seis personas y dos partidos políticos, entre los que figuran Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aydée Mogollón, los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, además de las colectividades Colombia Humana y Unión Patriótica.
La Sala Plena deberá definir en los próximos días si acoge la ponencia. De hacerlo, el caso marcaría un nuevo capítulo en uno de los expedientes más sensibles de los últimos años, por el impacto político que tendría sobre la coalición de gobierno y las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro.
