Por: Shirlis Melgarejo/ Periodista Informativo El Morro
Las Juntas de Acción Comunal y campesinos cafeteros del corregimiento de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta, hicieron pública una denuncia en la que expresan su preocupación por un proceso de restitución territorial que, según aseguran, podría afectar a decenas de familias que han habitado y trabajado sus predios durante varias generaciones. De acuerdo con los voceros, las decisiones adoptadas por entidades del Estado pondrían en riesgo el arraigo de la comunidad campesina.
Según el comunicado, los habitantes rechazan la demanda de restitución presentada a favor de cuatro asentamientos del pueblo Kogui, la cual incluiría pretensiones sobre varios predios ubicados en Palmor y otras veredas del corregimiento. Los campesinos sostienen que son poseedores de buena fe, que cuentan con escrituras públicas, cartas de venta y certificados de tradición, y afirman que sus derechos también deben ser protegidos dentro del proceso.
En el pronunciamiento, la comunidad asegura que durante décadas ha enfrentado el abandono estatal y sostiene que ha construido vías, escuelas, iglesias y ha impulsado la actividad cafetera sin el acompañamiento suficiente de las instituciones. Asimismo, manifiesta que persisten necesidades en materia de infraestructura vial, salud, acueducto y titulación de predios.
Los voceros solicitaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación investigar las presuntas actuaciones u omisiones de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura, la Alcaldía de Ciénaga y la Gobernación del Magdalena, al considerar que dichas actuaciones habrían contribuido al conflicto que hoy enfrenta a comunidades campesinas e indígenas. También solicitaron que se evalúen los presuntos perjuicios económicos y morales que, aseguran, han sufrido las familias involucradas.
Finalmente, la comunidad hizo un llamado al Gobierno Nacional para que garantice la igualdad ante la ley y proteja los derechos de las familias campesinas.